El equipo de gobierno llevará al Pleno de este viernes, la reiteración a la Junta de Andalucía del traslado de la facultad de Educación al edificio de Valcárcel, lo que ha demostrado ser “una promesa electoral absolutamente falsa” a la vista del “poco interés mostrado por la Junta en buscar cualquier otra vía de financiación”, según tacha el equipo de gobierno liderado por José María González ‘Kichi’.

Argumenta en la nota que se trata de una decisión “urgente” debido al actual estado de la facultad de Educación en Puerto Real y añade que el proyecto “tan solo necesitaría de un compromiso de 10 millones de euros por parte de la Junta durante tres años, tiempo aproximado de ejecución del proyecto, que no creemos que hunda unas arcas institucionales que ponen en juego 34.000 millones anualmente en su presupuesto y que además han concluido el ejercicio de 2020 con un superávit de 853 millones”.

El Gobierno local pone de manifiesto también que “renunciar a Valcárcel no se trata de renunciar sólo a la facultad, sino a un presente y un futuro para barrios como La Viña, el Balón o el Mentidero, que necesitan un elemento dinamizador que pasa por disponer de un campus universitario en ese frontal frente al mar”.

Por otra parte, Adelante Cádiz también lleva una propuesta al Pleno en defensa del Bachillerato Artístico, criticando en este punto la pretensión de la Junta de cerrar una de las tres líneas de la Escuela de Arte pese a que cuenta con matrículas suficientes, lo que interpreta como un nuevo intento de “desmantelar la pública” mientras “blinda la concertada”.

Por ello, exige al Gobierno andaluz que “rectifique” y abra una línea más de primero de bachillerato para “dar respuesta a las demandas del bachillerato artístico de un alumnado que solo cuenta con la Escuela de Arte como único centro de la ciudad para realizar tales estudios y de respuesta al derecho de las familias gaditanas a elegir una educación pública de calidad”.

Igualmente, el equipo de gobierno llevará al Pleno una propuesta encaminada a instar a la Junta al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, cuyos principios y derechos “no están siendo garantizados desde hace casi tres años por el Gobierno formado en coalición por PP y Ciudadanos con el apoyo de la ultraderecha”, lo que ha supuesto un “grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo, así como para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición”.