La Junta de Andalucía no considera que las relaciones con la Asociación de Vecinos del Cerro del Moro estén rotas, ya que afirma que desde la administración autonómica se está dispuesto a hablar de todo lo que conciernan a los proyectos del barrio.

La entidad vecinal pidió a la Junta que parte de los pisos de la sexta fase que en la actualidad se están construyendo vayan destinados a alojar a los residentes de las fincas que corresponderían a la séptima fase.

El delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Lorenzo, señaló a ayer a este medio tras una entrega de llaves en la calle Rosario Cepeda que la séptima fase es un tema complejo diferente a la de las anteriores porque aquí las personas que están en los pisos son propietarias. En este sentido señaló que habrá que estudiar cada uno de los casos particulares para ver qué decisión se toma finalmente si una rehabilitación, remodelación o la demolición, que puede ser la decisión más complicada al haber gente hipotecada detrás.

En este sentido, hasta que no se dilucide cómo se va a cometer la séptima fase, no se podrá tomar tampoco una decisión con los residentes en estas casas y sus realojos.

En cualquier caso Pablo Lorenzo señaló que la reforma integral del barrio se ha hecho siempre con la colaboración importante por parte de los vecinos y desea que así siga siendo en el futuro.

Desde que se iniciara este programa a principios de los 90, la Junta de Andalucía ha invertido 16 millones de euros y ha construido 430 viviendas que han cambiado al completo la fisonomía del barrio. Con la sexta fase que se está acometiendo en la actualidad totaliza 480 pisos y 20 millones de euros.

La sexta fase ha sufrido un gran retraso debido a que la primera adjudicataria de las obras, DHO, entró en un concurso de acreedores y paralizó los trabajos, por lo que se tuvo que sacar a concurso todo lo que quedaba por construir.

Los vecinos no están de acuerdo con el argumento de la Junta de que todos los vecinos son propietarios de los pisos, ya que dicen que en su día compraron estas viviendas por temor a quedarse en la calle. "No estamos dispuestos a que venga nadie de otras zonas mientras que en nuestro barrio haya gente con casas insanas", afirmaba hace dos días la presidenta de la asociación de vecino, Julia Sánchez.

La entidad vecinal sospecha que la Junta no tiene dinero para afrontar la séptima fase, aunque Pablo Lorenzo advierte que lo primero que hay que dilucidar es cómo se va a acometer la operación y que Obras Públicas está dispuesta a seguir adelante con el proyecto.

Los vecinos están valorando la posibilidad de trasladarse a Sevilla para realizar una manifestación y reunirse con la consejera Rosa Aguilar.

480