La Junta de Andalucía considera que no tiene débito alguno con las monjas de la Orden Concepcionista por el convenio que firmaron en el año 2005 y que después tuvo su continuación en 2009 y en el que se incluía la fórmula para poder rehabilitar el convento de Santa María. La Asociación de Amigos del Convento señalaban que la administración autonómica tenía una deuda de 270.450 euros, algo que la Junta negó ayer de manera categórica.

El 29 de septiembre de 2005 se suscribió un protocolo de colaboración y cooperación entre la Junta y el Obispado para la rehabilitación de varios inmuebles. Entonces se incluyó una cláusula por la que el Obispado haría las gestiones necesarias para ceder a la entonces Consejería de Obras Públicas la finca ubicada en la calle Paco Alba número 5, con nueve viviendas, propiedad de la Orden de la Inmaculada Concepción, propietarias también de Santa María.

En el protocolo se contemplaba también la necesidad de intervenir de manera integral en el conjunto de inmuebles que integraban el convento que estaba en precarias condiciones.

El 17 de marzo de 2009 se escrituró ante notario la cesión, a título oneroso de Paco Alba, que se fijaba en un precio de 270.540 euros. Este dinero sería destinado a la rehabilitación del convento. En el caso de que la Junta no llevara a cabo la rehabilitación, tendría que pagar la cantidad mencionada directamente a la orden. Según asegura la Junta, tras la adquisición de Paco Alba se ejecutaron las obras de seguridad requeridas por el Ayuntamiento de Cádiz.

Posteriormente el 7 de septiembre de 2010 el Obispado presentó un escrito en la Junta donde se explicaba que la Orden de la Inmaculada Concepción estaba en conversaciones con un grupo dispuesto a asumir la rehabilitación del convento, a la vista de que la Junta no la llevaba a cabo.

La administración autonómica le dijo que no tenía inconveniente para que continuaran las negociaciones pero era "bajo la responsabilidad de la abadesa, dejando sin efecto la cláusula del protocolo de colaboración y cooperación entra la Junta y el Obispado de 2005 en lo que se refería únicamente al Monasterio".

El 6 de abril de 2011 la religiosa responsable del convento presentó un escrito en el que expresaba que no era posible hacer frente a la contraprestación estipulada en el convenio porque no podía asumir el coste económico que supone para la orden. La rehabilitación se cifró en 7,2 millones de euros, de los que la congregación tenía que poner 2,6 millones.

En este sentido pidió el dinero de la finca de Paco Alba, es decir, los 270.540 euros para que se le abonaran lo antes posible, petición que ha sido reiterada en varias ocasiones.

Sin embargo la Junta explica que en la actualidad hay seis familias originarias de Paco Alba realojadas en viviendas autonómicas. Esto ha generado unos gastos por dicho inmueble derivados del realojo, mudanza, guardamuebles, trabajos de arqueología, apuntalamiento registros de la propiedad e IBI entre otros, que unidos a los que han tenido en Santa Nata María como sus apuntalamientos ha llegado la factura a 307.225 euros, "con lo que el saldo resulta a favor de la Junta y no de la orden religiosa, porque ésta es la que renunció a la parte que le correspondía del protocolo firmado".

Por todo ello, la Junta deja claro que no se contempla actuación alguna en el convento por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda.