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Cádiz

La Junta ve irregularidades en unas oposiciones del Ayuntamiento de Cádiz

  • La administración autonómica ha hecho un requerimiento para que se anule o rectifique la modificación del Acuerdo Regulador de Funcionarios aprobada en el Pleno que afecta a estas pruebas

  • Observa "posibles omisiones o infracciones del ordenamiento jurídico"

Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.

Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. / Fito Carreto

La Junta de Andalucía ha hecho un requerimiento al Ayuntamiento de Cádiz para que anule o rectifique el acuerdo del Pleno celebrado el 27 de septiembre de 2019 en el que se modifica un artículo del vigente Acuerdo Regulador de Funcionarios del Ayuntamiento de Cádiz que afecta a los criterios de ordenación de las bolsas de trabajo derivadas de las oposiciones correspondientes a los ejercicios 2016 a 2020.

En concreto, se trata del artículo 11.3 de dicho Acuerdo, que tras la modificación queda redactado de la siguiente forma: "La selección de funcionarios interinos se efectuará a través de las bolsas de trabajo generadas a partir de celebración de pruebas selectivas de la última OEP o PEPI ejecutada, en la que todo el personal que en los últimos tres años haya mantenido alguna relación contractual en el puesto de la convocatoria y con independencia de la duración de la misma, en el Excmo. Ayto. de Cádiz, se ordenará en las bolsas de trabajo con el criterio prioritario de la totalidad de antigüedad en los puestos objeto de la convocatoria y con independencia del resultado obtenido en el proceso correspondiente". Continúa diciendo que el resto del personal "se ordenará siempre a continuación de estos...".

Tras la denuncia presentada en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta por casi una decena de personas que se están preparando para los procesos selectivos de la OEP y PEPI correspondientes a los ejercicios 2016 a 2020, concretamente para siete plazas de auxiliar administrativo por turno libre –que consideran que la modificación del Acuerdo en septiembre de 2019 "incurre en vicio de nulidad absoluta por vulneración de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional"–, la administración autonómica pidió al Ayuntamiento de Cádiz información sobre este proceso.

Una vez estudiado el acuerdo y las denuncias presentadas, en una resolución de 18 de diciembre de 2019, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, expone que se observan "posibles omisiones o infracciones del ordenamiento jurídico". Entre ellas, que se prima el criterio de antigüedad para la formación de las bolsas de empleo de funcionarios interinos; también señala que "supone una modificación sustancial de los criterios hasta ahora recogidos en el Acuerdo Regulador de Funcionarios del Ayuntamiento de Cádiz, que afecta a unas bases publicadas con anterioridad en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz" para la selección de plazas de funcionarios incluidas en la oferta de empleo público 2016 y 2017, y bases generales comunes a los procesos de acceso a la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Cádiz, respectivamente. Precisa que "a través de la modificación del Acuerdo Regulador, donde se especifica que los nuevos criterios se aplicarán solo para la formación de las bolsas derivadas de los procesos del a OEP y PEPI correspondientes a los ejercicios 2016 a 2020, se produce un cambio en un proceso selectivo ya en marcha". Asimismo, indica que la modificación acordada en el Pleno "conlleva una discriminación injustificada en cuanto al acceso al empleo público entre el personal que ya ha trabajado para el Ayuntamiento de Cádiz (que no necesita aprobar ni siquiera un examen) y los aspirantes que no cuenten con antigüedad en puestos objeto de convocatoria".

Así, basándose en distintas leyes y recordando que "todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad", considera "discriminatorio y no ajustado a Derecho la distinción que se contiene en la modificación del artículo 11.3 del Acuerdo Regulador de Funcionarios del Ayuntamiento de Cádiz que distingue entre el personal que ha mantenido alguna relación contractual en el puesto de la convocatoria, que se ordenará en las bolsas de trabajo con el criterio prioritario de la antigüedad con independencia de si ha aprobado algún ejercicio en el proceso correspondiente, y el personal que no haya trabajado en el Ayuntamiento de Cádiz, que se ordenará siempre a continuación de los primeros".

También hace referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional y tribunales ordinarios, de los que se extraen ciertos criterios, entre ellos que "una valoración desproporcionada o irracional vulnera el principio de igualdad si supone la exclusión de los que concurren desde fuera de la administración" o "es también contrario al principio de igualdad primar la experiencia en la corporación convocante respecto a los prestados en otras administraciones. Con ello se evidencia la clara intención de predeterminación del resultado del concurso en favor de determinadas personas. Aquí hay una diferencia de trato que no es razonable ni puede justificarse".

La resolución asimismo recoge que "las bases de la convocatoria tienen fuerza vinculante" y solo pueden modificarse "con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas".

Por todo esto, se requiere al Consistorio gaditano que en el plazo de un mes anule o rectifique el acuerdo plenario que modifica el artículo 11.3 del vigente Acuerdo Regulador de Funcionarios del Ayuntamiento de Cádiz, que afecta a los criterios de ordenación de las bolsas de trabajo derivadas de procesos selectivos de la OEP y PEPI correspondientes a los ejercicios 2016 a 2020.

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