El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha asegurado que la Junta "no ha pagado ni un euro" a las empresas implicadas en el caso de presunto fraude llamado caso Bahía Competitiva, tras lo que ha dejado claro que el programa de ayudas para actuaciones de reindustrialización "es donde se enmarcan esas presuntas irregularidades" y precisa que este programa fue puesto en marcha y gestionado por el Gobierno de España. 

En su comparecencia parlamentaria en comisión, el consejero ha diferenciado este programa de ayudas a la reindustrialización de empresas de la Bahía de Cádiz, gestionado y abonado por el Gobierno central, del Plan para la Mejora para la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz, desarrollado por la Junta, y rechaza que ambos "se mezclen, pues se puede confundir a la opinión pública". 

Ha explicado que las ayudas a la reindustrialización "se articulaban mediante convenio firmado en el año 2007 con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Diputación Provincial de Cádiz y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia", y ha dejado claro que se trataba de "ayudas gestionadas por el  Ministerio, en las que la Diputación de Cádiz realizaba el informe técnico para la evaluación de los proyectos, y donde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo aportaba el apoyo técnico necesario para la emisión de dichos informes a la Diputación encargada de trasladarlos". 

Sánchez Maldonado ha dejado claro que "ha sido en estas ayudas de reindustrialización, no en ayudas de la Junta de Andalucía dentro del Plan Bahía Competitiva, donde se ha generado el presunto fraude". 

De esta forma, deja claro que la Junta "no ha abonado ni un céntimo a este grupo de empresas" implicadas en el presunto fraude y ha resaltado que incluso la Junta "denunció la posibilidad de que pudiera existir alguna irregularidad, apenas tuvo sospechas de esas irregularidades", tras lo que ha destacado que las denuncias de la Junta "impidió abonar la segunda tanda de expedientes por parte del Gobierno central". 

"La Junta ha sido rápida y diligente con la Justicia", ha insistido el consejero, quien también reitera que el programa donde se detecta el presunto fraude "lo gestionaba el Ministerio". "Es en esas ayudas del Ministerio y no en las de la Junta donde se ha producido el presunto fraude; de hecho la Junta, apenas lo detectó lo puso en conocimiento de las autoridades competentes", ha indicado. 

Por ello, ha insistido en que "fue la Agencia IDEA, cuando vio posibles irregularidades en proyectos presentados por un grupo de empresas, cuando informó de esas irregularidades", lo que, a su juicio, muestra "eficacia de controles de la Consejería, que ha permitido detectar  irregularidades". 

"La Junta nunca ha pagado ni un euro a ese grupo de empresas y ni un euro de los andaluces se ha destinado a ello", ha insistido el consejero, que espera que la Justicia "depure responsabilidades y se pida el reintegro al lugar donde corresponde".

Procedimiento seguido por la Junta

En ese sentido, el consejero ha explicado que la Junta de Andalucía, "a través de IDEA detectó indicios de posibles irregularidades en la tramitación de los fondos del programa de reindustrialización, a partir de la labor de control que hacen sus técnicos", por lo que, según ha explicado, "se solicitó información a las entidades pertinentes recibiendo respuesta de estas", de forma que "una vez corroborada esta información, se comunicó al Ministerio y se denunció a la Justicia". 

El consejero, que aportó copia de las dos denuncias formuladas por la Junta, ha explicado que "fue a principios de 2011, cuando la gerencia provincial de IDEA en Cádiz detectó la presentación de documentos bancarios para distintos proyectos empresariales provenientes de una misma sucursal". 

"Al comprobar que se trataba de un amplio volumen de proyectos e inversiones, y del mismo grupo de empresas y promovidos por el mismo promotor, esta Gerencia traslada sus sospechas a los Servicios Centrales de IDEA en Sevilla" ha explicado el consejero, quien ha indicado que el 25 de febrero de 2011, "a partir de esas sospechas, el director de Infraestructuras de IDEA se dirige a una entidad financiera, por escrito, aportando ocho documentos y solicitando la confirmación de su validez ante la posible anormalidad de ciertas operaciones". 

Ha agregado que el 15 de marzo de 2011, esa entidad financiera "responde por escrito y confirma las sospechas que había trasladado la Agencia IDEA", de manera que, según ha relatado, "el 30 de marzo de 2011, el director de Infraestructuras de la Agencia IDEA eleva informe, y ese mismo día, el secretario general de IDEA denuncia estas acciones ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención y Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, y el 5 de abril de 2011, el secretario general de IDEA denuncia los hechos también ante la Fiscalía de Delitos Económicos". 

El consejero confía en que la actuación judicial "depure las responsabilidades de quienes hayan participado en ese fraude" y ha expresado la "fe y colaboración absoluta" de la Junta con la Justicia. 

Sánchez Maldonado ha lamentado las críticas del PP, y le ha instado a que "si tiene tanta certeza" de la implicación de la Junta en este caso, "que vaya a la Justicia", aunque lamenta que el Grupo Popular "hace un 'totum revolutum', lo mezcla todo y va a desembocar en los ERE". 

Asimismo, Sánchez Maldonado ha destacado las acciones puestas en marcha por la Junta de Andalucía en general y las medidas concretas puestas en marcha para la Bahía de Cádiz, como es el caso del Plan para la Mejora para la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz, o Plan Bahía Competitiva, que quiso diferencia del programa de ayudas a reindustrialización de empresas de la zona gestionado por el Gobierno. 

Reconoce que el Plan Bahía Competitiva "se ha desarrollado de forma más o menos acertada, pero se ha desarrollado con un marco presupuestario difícil, y con una gran dedicación de la Junta a la Bahía de Cádiz, donde se han realizado muchas inversiones y se han desarrollado desde 2008 acciones para reactivar el empleo".

Críticas del PP

Por su parte, la diputada del PP Ana María Mestre, que definió este caso Bahía Competitiva'como "el tercer fondo de reptiles junto a los ERE e Invercaria". "Es el gran caso de corrupción de la Bahía de Cádiz, con 25 millones de euros dilapidados y perdidos, en torno a una trama empresarial y donde hay 31 imputados, entre ellas la gerente de IDEA en Cádiz", ha aseverado. 

"Hay graves interrogantes y dudas", se lamenta la diputada del PP, quien critica la "poca transparencia" en este caso y asegura que el Plan Bahía Competitiva "está financiado por la partida 31.L", de forma que "era conocido por el Consejo de Gobierno de la Junta".