Cádiz

Jueces para la Democracia celebra esta semana en Cádiz su XXX congreso

  • 'Justicia y Constitución en el siglo XXI' es el lema de este encuentro, que tendrá lugar el jueves y el viernes

Jueces para la Democracia (JpD) celebrará los próximos jueves y viernes en Cádiz su XXX congreso bajo el lema Justicia y Constitución en el siglo XXI. En el mismo, JpD va a implicarse en "realizar aportaciones ante el previsible cambio de ciclo histórico que se va a producir en España y la necesidad de que se lleve a cabo una amplia reforma constitucional o un nuevo proceso constituyente".

En una nota de prensa, JpD explica que "cada vez son más los sectores jurídicos, sociales y políticos que consideran que la Constitución de 1978 ya no resulta suficiente como marco fundamental, y que hacen falta nuevas reglas constitucionales para dar solución a los problemas de la sociedad española actual". Por ello, en el congreso participarán algunos de los expertos "más relevantes en materia constitucional" de España, como los catedráticos y profesores Javier Pérez Royo, Adoración Guaman, Miguel Revenga y Fernando Rey. Asimismo, intervendrán representantes de las principales fuerzas políticas, como María Jesús Moro (PP), Rosa Aguilar (PSOE), Teresa Rodríguez (Podemos), Joan Coscubiela (Izquierda Unida-Izquierda Plural) y un representante de Ciudadanos.

Además, JpD realizará en el congreso un balance de la situación actual, ante lo que considera "una legislatura perdida en materia de justicia", y se valorará una resolución que considera que en esta etapa "no se ha producido ningún avance significativo que mejore nuestro sistema judicial", sino que "ha aumentado la sobrecarga de nuestros juzgados, se han producido importantes recortes, se ha estancado la nueva oficina judicial y se ha paralizado la modernización tecnológica de los órganos judiciales". "La etapa de Gallardón se ha distinguido por no realizarse cambios favorables en el servicio público y por embarcarse en proyectos que finalmente han sido retirados, como la Ley del Aborto, las tasas judiciales, la privatización del registro civil o la nueva LOPJ en la que se pretendía una nueva estructura judicial jerarquizada y poco respetuosa con la independencia y la inamovilidad judicial", indica JpD.

Al hilo, apunta que "en el ámbito de los derechos y libertades resulta especialmente criticable la reforma del Código Penal, que establece una versión de la cadena perpetua, y la Ley de Seguridad Ciudadana, que criminaliza la protesta social".

Sostiene JpD que "el único proyecto de Gallardón que salió adelante fuera la reforma del CGPJ, que ha permitido un fuerte control político de la institución, ha suprimido buena parte de sus competencias y ha debilitado la separación de poderes". "Además -continúa-, en este reparto político de cuotas, se situó al frente del órgano de gobierno como presidente a Carlos Lesmes, como persona con claras vinculaciones con el partido gobernante, el cual se ha distinguido por actuar al servicio de esos intereses políticos", recalca, incidiendo en que Lesmes "ha sido incapaz de defender la independencia judicial y de reclamar a los poderes públicos los recursos que necesita nuestro sistema judicial".

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