Cádiz

José Blas Fernández plantea llevar los presupuestos de 2018 al juzgado de lo contencioso

  • El concejal popular se queja de que el alcalde ni siquiera le ha contestado al recurso de reposición de estas cuentas

José Blas Fernández conversa con el alcalde José María González en el transcurso de un pleno. José Blas Fernández conversa con el alcalde José María González en el transcurso de un pleno.

José Blas Fernández conversa con el alcalde José María González en el transcurso de un pleno. / lourdes de vicente

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El concejal del Partido Popular José Blas Fernández tiene intención de llevar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el presupuesto del año 2018 después de que el recurso de reposición que puso en el Ayuntamiento ni siquiera fuera contestado.

Este recurso que puso el edil se centraba en aspectos formales, como que se impedía en la convocatoria del Pleno que se pudiera debatir las alegaciones presentadas, pero que sin embargo sí se produjo el mismo. También que se tenía que haber realizado la petición de celebración de la sesión extraordinaria en primera convocatoria y también en segunda. A ello se le une que la citada convocatoria se hizo fuera del horario de trabajo de la oficina del Grupo Municipal Popular, por lo que dos de sus concejales no pudieron asistir. En definitiva, lo que alegaba es que la convocatoria del Pleno "carece de legalidad".

José Blas Fernández recuerda que el pasado lunes 3 de septiembre venció el plazo para que el alcalde dictara una resolución sobre este recurso de reposición. Sin embargo, José María González ni siquiera ha contestado, pese a que Fernández considera que estaba obligado a dictar una resolución expresa "y a notificármela como iniciación del procedimiento". Así, por este hecho entiende que "ha incurrido en tal gravedad que incluso puede ser dicha conducta constitutiva de un presunto delito de prevaricación , por obligar a esta parte, con ese silencio administrativo, a recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa".

En este sentido, en el escrito que ha presentado ahora al alcalde, le anuncia que dentro de los 15 días que marca la normativa, le emita "la correspondiente certificación del silencio producido" para que se le entregue y así, puede ejercer las acciones legales que considere oportunas, entre ellas ir a lo contencioso-administrativo para que paralice la ejecución de los presupuestos de 2018. Los de 2016 el PP los llevó a los tribunales y el TSJA finalmente los tumbó.

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