¿Falseó Jenaro Jiménez el libro de actas de su empresa Casa de Cádiz y aparentó que se había aprobado las cuentas de la sociedad en una junta general que al parecer tampoco se celebró? Esa es la pregunta del millón y la que se trató de resolver ayer en el transcurso de juicio que sentaba de nuevo en el banquillo de los acusados a Jenaro Jiménez, el empresario gaditano que simuló su muerte en aguas de Tarifa y decidió marchar a Paraguay. En esta ocasión el fiscal pide para él una pena de un año y medio de prisión por un delito de falsedad documental y otro societario. La defensa considera que se debe absolver a su cliente.

Y es que Jenaro mantiene y ayer volvió a confirmar su versión, que se celebró una junta general en junio de 2007, a la cual asistieron, según su versión, sus otros dos socios en la empresa y que es la que se refleja posteriormente en el libro de actas que se certifica en marzo de 2008. Allí fue donde, a su juicio, se aprobaron las cuentas.

También afirma que hubo otra junta general a la que asistió el letrado J.I.S., que en aquel momento fue presentado como asesor de Casas de Cádiz por Jenaro Jiménez, pero ayer en su declaración por videoconferencia desde Canarias negó haber asistido a ninguna reunión, que jamás ha ejercido de asesor legal y que los contactos con Jenaro eran por su relación de amistad. Con los otros socios prácticamente no tuvo contacto y a uno de ellos ni siquiera le pone cara. En aquel encuentro calificado como junta general por Jenaro Jiménez y como reunión informal por los dos socios, sólo se trató el pago de una deuda a uno de ellos.

Cuando ocurren los hechos, Jenaro Jiménez tenía el 51% de las acciones y era el administrador único. Según el escrito de la Fiscalía, el empresario gestionaba esta sociedad y no daba cuenta del estado económico de la empresa a los otros socios y no celebraba juntas de la sociedad, entre otras cuestiones y tal como afirma uno de los socios, porque en el ejercicio económico en cuestión se había vendido patrimonio de Casas de Cádiz y no se había ingresado en las cuentas de la misma.

J.R., uno de los socios, había pedido incluso por burofax que se les entregara el estado de las cuentas, pero nunca lo consiguió.

El otro, C.E., de nacionalidad venezolana pero afincado en Sanlúcar, fue empleado de Casas de Cádiz y tenía una remuneración de 3.000 euros líquidos, "que nunca cobré". La defensa trató de hacer ver que él tenía acceso a estas cuentas y a la documentación. Sin embargo, C.E. afirma que su puesto se limitaba a ejercer de gerente de la inmobiliaria que Casas de Cádiz había puesto en la avenida de Andalucía.

Otro tema de debate fue si la documentación acabó en manos de los dos socios o no. Según ellos, no. En la nave sólo encontraron ordenadores y material informático apilado cuando la visitaron pocos días después de desaparecer Jenaro. Este desplazamiento se hizo en compañía de un cuñado del acusado, que fue el que recibió el poder notarial para representarle. El cuñado, J.A.D., afirma que él mismo ayudó a cargar en el coche toda la documentación y trasladarla a Sanlúcar.

Tanto el fiscal como la acusación particular piden un año y medio de prisión por los dos delitos, que consideran que están probados. La defensa pide la absolución porque asegura que muchas de las empresas con pocos socios están basadas en la confianza y no hacen juntas generales. Para el fiscal, éste no era el caso porque uno de los socios no paraba de requerir las cuentas.