La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula los presupuestos de Podemos en el Ayuntamiento de Cádiz está provocando serios quebraderos de cabeza en San Juan de Dios. Tanto es así, que el viceinterventor municipal, a instancias del interventor, envió el pasado 23 de marzo una carta a todos los jefes de área y gerentes de las empresas municipales advirtiéndoles que aquellas aportaciones presupuestarias incluidas en los ejercicios de 2016 y 2017 que supongan aportaciones finalistas realizadas por el Ayuntamiento a sus entidades, y que no se hubieran realizado a la fecha en que se declare en firme la sentencia (7 de mayo), deberán quedar anuladas. Esta advertencia de la Intervención obliga a reintegrar a las empresas municipales los importes cobrados y no gastados de los nuevos créditos, así como a anular los cobros pendientes reconocidos. Por ejemplo, el medio millón de euros que el Ayuntamiento entregó a Emasa para que iniciara los trámites del nuevo aparcamiento del Muelle Pesquero deberán volver a las arcas municipales.

No obstante, David Navarro, concejal de Hacienda, explicó ayer a este diario que las obras previstas, tanto en este aparcamiento en superficie como en el del Campo del Sur para evitar las filtraciones "se realizarán como estaba previsto porque Emasa va a utilizar parte del dinero que se obtuvo con la venta de Talleres Faro, y que fueron dos millones de euros. Una vez que tengamos el nuevo presupuesto, que será en poco tiempo, todo esto se quedará en una simple anécdota", indicó.

Emasa iniciará con fondos propios obras en el Campo del Sur y avenida de Astilleros

En el correo del viceinterventor se advierte que no pueden iniciarse nuevos procedimientos de contratación de obras o de gastos en general con cargo a los presupuestos anulados, e incluso dice que si hubiera alguno iniciado pero sólo se hubiera subido al perfil del contratante, también deberá quedar anulado si no ha producido derechos frente a terceros. En el escrito se llega a comentar que los gerentes, caso de incumplir estas advertencias, podrían incurrir en responsabilidades personales, lo que quiere decir que incluso tendrían que responder con su propio patrimonio ante la justicia.

Con esta misiva, Intervención lo que hace es cubrirse las espaldas, como lo hizo cuando advirtió que incluir la venta del hotel del estadio en los presupuestos era ilegal, algo que al final ha tenido en cuenta el TSJA tras la denuncia particular de José Blas Fernández, concejal del Partido Popular.

Así pues, hasta que Podemos, Ganar Cádiz y PSOE no saquen adelante las cuentas de 2018, algo que puede demorarse aún dos meses como mínimo, la ciudad deberá seguir funcionando con las cuentas de 2014.

La sentencia del TSJA no será firme hasta el 7 de mayo, ya que el Ayuntamiento de Cádiz no va a recurrirla ante el Tribunal Supremo.

Al preguntar a Navarro por la carta enviada por el viceinterventor comentó que "es un trámite técnico-administrativo que no hace referencia a la gestión municipal sino a las modificaciones de crédito que se hicieron sobre el presupuesto, principalmente porque con esas modificaciones de crédito se le dio un dinero extra a los distintos organismos autónomos y a las distintas empresas, y con esa modificación de crédito se les dio para que hicieran inversiones. La inversión que aún no se haya firmado el contrato no se puede ejecutar, pero las demás no. El resto todo sigue su curso y todo sigue funcionando".

Navarro aseguró que "la denuncia de José Blas Fernández al TSJA no ha conseguido paralizar la gestión de gobierno", y explicó que "por ejemplo en Emasa continuamos con los proyectos a pesar de su boicot. Hemos cambiado la fuente de financiación de uno de los proyectos que se ve afectado, el de la urbanización de la avenida de Astilleros, el nuevo parking en el muelle pesquero, y con el asentamiento de los terrenos de propiedad del Ayuntamiento, y lo vamos a hacer con recursos propios de la empresa municipal, ya luego lo sacaremos del presupuesto de este año para restañar ese dinero", indicó.

La anulación del presupuesto también suprimió los decretos de ajustes del alcalde, aunque en ellos el equipo de gobierno ya no había incluido los nueve millones de la posible venta del hotel del estadio. A partir de que se consiga un acuerdo para el documento de este año, las cuentas serán llevadas primero a una comisión informativa y posteriormente al Pleno. Una vez aprobados en primera instancia, permanecerán durante un mes en exposición pública pendiente de alegaciones, y transcurrido este tiempo volverá a llevarse al Pleno, que tendrá que aprobarlos para que puedan publicarse. Es decir, que si todo va bien, al menos hasta mayo no estarían.

Así pues, mientras que partidos de la oposición temen que la anulación de las cuentas de 2016 pueda influir negativamente en el proceso de remunicipalización, David Navarro insiste en que "cuanto se aprueben las nuevas cuentas esto no será más que una anécdota, porque las inversiones que tenemos previstas las haremos, sólo que habrá que esperar un poco más. Y si encontramos algún tipo de proyecto urgente le daremos solución igual que se le ha dado al proyecto de Emasa para que no se paralice la gestión".

Finalizó diciendo que "el presupuesto se declaró nulo porque no se vendió el estadio, pero no por las supuestas irregularidades que denunció José Blas. Siempre hemos sido bastante responsables con la gestión y esto no va a suponer ningún tipo de quebranto".