La Institución Provincial, cuya titularidad pertenece a la Diputación, vive desde hace años en una prolongada incertidumbre. A los problemas de escolarización de los últimos tiempos, con escasez de solicitudes y matriculaciones en Infantil de 3 años, se une ahora el temor por el futuro del colegio, puesto que en 2019 expiran dos convenios. Por un lado, el suscrito entre la familia Aramburu y la Diputación para la cesión de los terrenos donde se alza el centro. Por otro, el que han venido renovando Diputación y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la gestión educativa del colegio. El problema se agrava al conocerse que la Diputación, según señalaba ayer a este periódico Mario López, presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), "ya ha comunicado que no va a renovar los convenios".

Ante esta situación, la solución está en manos de la Consejería de Educación. Por ello, los representantes de la AMPA del colegio, la Flampa Gades (Federación de Ampas) y la Coordinadora en Defensa de la Escuela Pública van a mantener el jueves un encuentro con Remedios Palma, delegada territorial de Educación, en el que van a reclamarle que se pronuncie sobre el futuro de la Institución. "Queremos preguntarle si van a mantener el convenio con la familia Aramburu, que ha venido reclamando estos años los terrenos. El colegio podría desaparecer si no se produce un acuerdo entre la Junta y los Aramburu. Que nos digan qué van a hacer con el colegio y se comprometan antes de las elecciones autonómicas de noviembre a darnos una solución, que entendemos que es crear un centro que cubra la demanda de colegios públicos en la zona", destacó López.

También expira el acuerdo entre la familia Aramburu y Diputación para la cesión del suelo

Cabe recordar que en julio de 2017, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, recién llegado al cargo tras ocupar, precisamente, la Delegación de Educación, mostraba, tras una visita institucional al alcalde, José María González, su apoyo a un proyecto de una Ciudad Educativa en los antiguos terrenos de la Casa Cuna, una vez que se supo que en los mismos no se iba a construir la Ciudad de la Justicia. Hubiera sido la panacea a los problemas de escolarización de la Institución Provincial, rodeado de centros concertados, en forma de un edificio en el que los alumnos pudiesen estar desde Infantil de tres años a Bachillerato. Mario López lamentaba ayer que la sucesora de Belizón en Educación, Remedios Palma, les trasladase el año pasado la imposibilidad de cumplir con esta idea de su antecesor, "por no considerar necesario un proyecto de esta envergadura".

El convenio entre la Diputación y la Junta de Andalucía expira en 2019, tras varias renovaciones. Por este acuerdi la administración autonómica se hacía cargo de una parte de la gestión del centro. De hecho, en los últimos años las jubilaciones y bajas se han cubierto ya con personal docente de la Junta. Por otra parte, en mayo de 2017 la AMPA, la Flampa y la Coordinadora de la Escuela Pública se reunieron con representantes educativos de la Diputación "y ya nos dijeron que no renovaban el convenio. De hecho, los profesores dependientes de la Diputación ya saben que no van seguir".

Los representantes de la Institución aprovecharán el encuentro del jueves para pedir a Palma modificaciones en los procesos de reubicación de alumnos, que se realizan por criterios de cercanía, por lo que el colegio se encuentra "en desventaja", solicitando por ello "un reparto más equitativo". Actualmente, el centro cuenta con 79 alumnos. Especialmente delicada, por lo que supone para el futuro del colegio y las líneas que le suceden, es la situación de la Educación Infantil, que cuenta con una sola clase mixta que tiene un alumno de 3 años y cuatro de cinco años. No hay escolares de 4 años. Luego, hay cinco alumnos en 1º de Primaria, otros cinco en 2º, seis en 3º, 20 en 4º, 18 en 5º y 20 en 6º.