Si hablamos de fútbol, lo que ha hecho el Ayuntamiento con el proceso de elección de nuevo nombre para el estadio Ramón de Carranza es meterle un gol a la participación ciudadana, por la escuadra además. Un regate al fair play de un proceso que el propio equipo de gobierno ha ido adaptando a su conveniencia, obviando la posición que ha adoptado esa ciudadanía a la que se recurrió para elegir nuevo nombre o a la que también se aludió para la nueva Avenida de la Sanidad Pública que ahora rechazan los propios profesionales sanitarios que sirvieron de excusa para quitarle a Juan Carlos I su sitio en el nomenclator de la ciudad.

El proceso para cambiar el nombre del estadio Ramón de Carranza se abrió a la ciudadanía, al contrario de lo que se hizo con la Avenida antes mencionada o con el Teatro Pemán, que ha pasado a llamarse ‘del Parque’ de la noche a la mañana. Quería el Ayuntamiento abrir un proceso participativo y transparente para que la ciudadanía en general rebautizara lo que para muchos es un templo donde cada domingo juega el equipo al que profesan devoción. Y la respuesta de la ciudad fue rotunda: más de 600 personas apostaron por mantener el actual nombre, y otras 600 y pico -hasta donde se conoce del proceso no se ha aportado un dato concreto del resultado de esa votación popular- pidieron que pase a denominarse Estadio Carranza. A favor de esta última propuesta también se pronunciaron partidos de la oposición o el propio Cádiz Club de Fútbol, entre otras entidades gaditanas.

Estas cifras suponen que la mitad de los participantes en este proceso optaron por mantener el actual nombre o por dejarlo en Estadio Carranza, pues entre ambas opciones suman más de 1.200 apoyos del total de más de 2.500 emitidos en esos quince días habilitados por el Ayuntamiento, si no se contabilizan las propuestas (más de 300) que ni siquiera llegaron a la comisión reunida el pasado jueves, en la que participaban el alcalde, que no acudió; los concejales de Participación Ciudadana, Deportes, Feminismos y Memoria Democrática; un técnico de la Delegación de Memoria Democrática, del Instituto Municipal de Deportes y de la Fundación Municipal de la Mujer; la Plataforma para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz; el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA; el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Cádiz; la Federación de Peñas Cadistas; las Brigadas Amarillas; la asociación de Vecinos de La Laguna; y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Todo ello después de que el Cádiz Club de Fútbol rehusara participar en este proceso.

A partir de aquí, llegan los regates y las barreras al proceso participativo. Proceso en el que no estaban invitados a participar, por ejemplo, los grupos de la oposición (sí varios miembros del equipo de gobierno) pese a la existencia de un amplio número de entidades y grupos con mayor o menor representación en la ciudad.

Los vetos del equipo de gobierno

Durante la reunión del pasado jueves, en la que se rechazó la opción de Estadio Carranza junto a otra docena de nombres para dejar la supuesta elección ciudadana en ocho nombres, el concejal de Memoria Histórica planteó tres vetos:

El primero era el de aquellos nombres que fueran en contra de la Ley Memoria Histórica, aceptándose por unanimidad la eliminación de las propuestas Ramón de Carranza y Francisco Franco (tercer nombre más votado, por cierto, con más de 200 apoyos).

El segundo veto que planteó el concejal del equipo de gobierno fue el de los nombres propios, con el que caían una serie de opciones entre las que estaban Santiago Abascal o Teófila Martínez. El líder de Vox, por cierto, sería la propuesta más votada si se retiraban las dos opciones de Carranza y la de Francisco Franco, pues recibió también más de 200 votos en el proceso ciudadano. Llamativo este cambio de rumbo cuando, además, el propio Ayuntamiento fue el que planteó en su día que el estadio llevara el nombre de Michael Robinson.

Y el tercer veto, visto que superaba los dos anteriores, fue directamente el de eliminar la propuesta Estadio Carranza porque a criterio de Vila y de un técnico de su concejalía era contrario a la Ley de Memoria Histórica. Este extremo fue rechazado por dos de las entidades integrantes de esa comisión, que además presentaron sendos informes que apoyaban su tesis. Por un lado, la Federación de Peñas se apoyó en un informe de los asesores jurídicos de la entidad que aglutina a todas las federaciones de peñas a nivel nacional; y por otro lado, la Asociación de Vecinos de La Laguna presentó un rotundo documento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, que avalaba el nombre de Estadio Carranza al cumplir con la ley vigente (también con la de Memoria Histórica).

Ante el debate suscitado y la disparidad de opiniones de los miembros presentes en esa comisión, el veto directo a la propuesta Estadio Carranza fue finalmente el método utilizado para tumbar de un plumazo el nombre del estadio que a priori más consenso ha obtenido entre la población, con más de 600 votos de un proceso que ha sumado más de tres mil intervenciones. La participación era regateada y goleada por el Ayuntamiento, que impone así su criterio por encima del de la ciudadanía.