La Fiscalía Provincial de Cádiz ha anunciado que va a recurrir la sentencia que condena al alcalde de Cádiz José María González (Por Cádiz Sí Se Puede) al pago de una multa de 5.400 euros por calumnias a Teófila Martínez en el caso Loreto.

Este procedimiento judicial se inició a raíz de las declaraciones que ofreció el regidor gaditano en una asamblea vecinal en 2016, en la que refirió que el anterior equipo de gobierno, dirigido por el Partido Popular, suministró agua contaminada “a sabiendas” en el barrio de Loreto, en el que residen unos 13.000 vecinos.

La acusación pública nunca ha considerado que ese polémico “a sabiendas” fuese delito, pues ha entendido que tales declaraciones se produjeron dentro de un contexto de “crítica política”. De ahí que la Fiscalía solicitase primero el archivo de la causa en la fase de instrucción y la absolución del alcalde de Cádiz durante la celebración del juicio, del que González salió absuelto en primera instancia.

Dicha absolución fue recurrida por los populares Ignacio Romaní y Teófila Martínez y la Audiencia de Cádiz les dio la razón. José María González fue condenado por calumnias en febrero de este mismo año. Queda ahora saber qué decidirá el Tribunal Supremo.

Lo cierto es que el caso Loreto nació para esclarecer la supuesta contaminación del agua corriente en la barriada gaditana de Loreto, donde se llegó a cortar el suministro durante 13 días, del 13 al 25 de octubre de 2014, por la presencia de bacterias.

Cuando José María González accedió a la alcaldía tras las elecciones municipales de 2015, encargó un informe de lo ocurrido en ese barrio de Extramuros. La investigación determinó que las primeras incidencias por contaminación, principalmente de E.Coli, comenzaron a detectarse a partir del 29 de septiembre, 14 días antes del corte.

En marzo de 2016, el alcalde de Cádiz presentó dicho informe, primero en una asamblea vecinal (en la que refirió el controvertido “a sabiendas”) y después ante la Fiscalía Provincial gaditana –a modo de denuncia– para que el Ministerio Público esclareciese si efectivamente el agua de Loreto estaba contaminada o no. Pocos meses más tarde, en diciembre de ese mismo año, la Fiscalía archivó el asunto al no encontrar indicios ni de mala praxis ni de “ocultación intencionada” de información.

La causa abierta por la contaminación del agua quedó zanjada ahí. No así el “a sabiendas”, que llevó a Teófila Martínez y a su anterior equipo de gobierno a denunciar a José María González por injurias y calumnias. En junio de 2018 se celebró la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 5. La sentencia, exculpatoria, tardó en hacerse pública poco más de un mes. El PP recurrió en apelación esta resolución judicial absolutoria ante la Audiencia de Cádiz. El tribunal gaditano estimó que los populares tenían razón y condenó a González por calumnias al pago de una multa. Ahora es la Fiscalía la recurre la sentencia condenatoria.