Cádiz

Fiscalía ve "indicios muy claros de prevaricación" en el caso Matadero

  • El Ministerio Público investiga si determinados cargos políticos presionaron a los técnicos municipales imponiéndoles una lista cerrada de demandantes de viviendas sociales para baremar

La Fiscalía ve "indicios muy claros de prevaricación" en la adjudicación de las 102 viviendas sociales de la promoción de Matadero, al detectar arbitrariedad en el proceso de selección de demandantes, según las fuentes judiciales consultadas. Por ello, el Ministerio Público ha decidido abrir una investigación penal para esclarecer si el procedimiento de adjudicación se ha ceñido a la norma vigente o si por el contrario existieron posibles injerencias de determinados cargos políticos a la hora de elegir las personas que optaron a estos pisos.

Las sospechas del 'caso Matadero' se hicieron públicas el pasado mes de septiembre, cuando el sindicato Autonomía Obrera denunció que la coordinadora de programas municipales de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pilar Tubío, había renunciado a su cargo tras haber recibido supuestamente presiones políticas para que valorase "a un grupo reducido de solicitantes" de viviendas sociales, algo que Tubío se negó a realizar. El Gobierno municipal insistió entonces que la renuncia de la coordinadora se debió a cuestiones laborales.

A esta denuncia se sumó el PSOE, la Junta de Personal del Consistorio y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, lo que propició que Fiscalía abriese diligencias para aclarar lo sucedido. Así, durante seis meses el Ministerio Público ha revisado "exhaustivamente" las actuaciones tanto de los responsables políticos y como de los técnicos municipales, que cuyas declaraciones han coincidido en describir una actuación política "con indicios muy claros de prevaricación". Las fuentes consultadas apuntan que podría haberse incurrido incluso en otros delitos, como por ejemplo coacción; no obstante, esto sólo se confirmará una vez que concluya el procedimiento judicial.

La prevaricación se basaría "en la arbitrariedad proyectada sobre el proceso de selección de solicitantes de adjudicación de esas viviendas", que, según denunció en su día la Junta de Personal, el 85% de las mismas se otorgaron "con carácter excepcional" y, por tanto, de manera irregular.

Fiscalía ha aclarado que los cargos políticos investigados no influyeron directamente en las decisiones de los técnicos municipales -infravalorando o sobrevalorando a ninguna familia- si no que, supuestamente, impusieron una lista cerrada de demandantes para su baremación en lugar de permitir valorar a todos los solicitantes que cumplían los requisitos. De hecho, los asistentes sociales denunciaron también que los responsables políticos les "permitieron elegir a diez de esas familias", si bien la mayor parte del listado quedaba fijado por ellos.

De ahí que los fiscales que llevan el 'caso Matadero' consideren que puede haberse alterado el mecanismo de adjudicación de viviendas sociales. Entienden que esto modus operandi contradice los principios básicos de una actuación administrativa que debe regirse por criterios tales como la igualdad de trato, la transparencia, la publicidad de sus acciones o la interdicción de la arbitrariedad, entre otros.

Fiscalía tenía dos opciones una vez que finalizó el plazo de seis meses para investigar este caso: o bien solicitar una prórroga al fiscal del Estado, o bien judicializar este procedimiento y llevarlo por lo Penal, que es lo que ha hecho finalmente a tenor de "los indicios bastante claros de prevaricación". A día de hoy no ha llegado la notificación de apertura de procedimiento de los juzgados de Cádiz.

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