El 4 de abril de 2015, Juan Antonio Martínez González, natural de Albacete pero afincado en Cádiz, falleció frente a la iglesia del barrio Santa María tras ser reducido por cuatro agentes de la Policía Nacional a los que atacó con un destornillador.

Después de practicarle la autopsia, los peritos determinaron que la causa fundamental de la muerte de Juan Antonio fue “una hemorragia subdural postraumática derivada de acciones contundentes en el cráneo”. El cadáver presentaba además un número elevado de lesiones, concretamente 32, producidas la mayoría por un objeto contuso. La muerte fue, según los expertos, “de origen violento”, de ahí que los familiares de la víctima llevasen el caso ante la Justicia.

Tras una larga fase de instrucción, el conocido como caso Santa María encara un momento procesal decisivo: la celebración de un juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz, cuya fecha está aún pendiente de concretarse, si bien se baraja finales de 2020.

La Fiscalía, eso sí, ya ha presentado sus conclusiones provisionales, en las que solicita la absolución de los cuatro agentes. La acusación pública considera que los policías actuaron en legítima defensa y en el cumplimiento del deber de sus funciones, dos eximentes que los exoneran de cualquier responsabilidad penal. El fiscal mantiene así la postura que ha sostenido durante toda la fase de instrucción, en la que planteó incluso el archivo de la causa.

La acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, estima sin embargo que los funcionarios son autores de un delito de homicidio doloso y pide para cada uno de ellos 15 años de prisión, la pena máxima por cuanto se contemplan dos agravantes: el de abuso de superioridad y el de prevalimiento de su cargo.

Frente estas dos posiciones, será un tribunal popular el que se encargará de determinar la culpabilidad o la inocencia de los cuatro policías nacionales que se sentarán en el banquillo, previsiblemente, antes de que acabe el año.

Las conclusiones provisionales

En su calificación de los hechos, el fiscal expone que el 4 de abril de 2015, sobre las 6:30 horas, Juan Antonio Martínez se encontraba en las inmediaciones de la calle Santa María “en estado de alteración debido a un brote del trastorno bipolar” que padecía. En tales circunstancias, se dirigió a un vecino del barrio y comenzó a gritarle expresiones incoherentes a la vez que se aproximaba a él con un punzón-destornillador en la mano.

Al verse sorprendido por la actitud agresiva de Juan Antonio, el vecino comenzó a correr. Llegó perseguido hasta el edificio de la Cárcel Vieja y allí llamó a la Policía para solicitar una patrulla. Por la Sala del 091 se dio aviso a un indicativo integrado por dos funcionarios, quienes se desplazaron al lugar no sin antes ser advertidos de que Juan Antonio llevaba un punzón en la mano.

Al percatarse de la presencia policial, prosigue la Fiscalía, Juan Antonio se introdujo en la calle Mirador. Allí los agentes lo requirieron de palabra a fin de que se parase. Él hizo caso omiso y empezó a gritarles “venid para acá que os voy a pinchar”, mientras se acercaba a ellos, aunque al momento se dio la vuelta en dirección a la calle Santa María.

Los policías intervinientes solicitaron entonces la ayuda de otra dotación, de manera que, pasados pocos minutos, se personó allí un indicativo conformado igualmente por dos agentes.

Ya en la zona de la iglesia de Santa María, los cuatro funcionarios se aproximaron a Juan Antonio y le requirieron repetidamente para que tirase el punzón al suelo y se colocara contra la pared. Sin embargo, éste no solo no hizo caso, sino que arremetió varias veces contra los agentes esgrimiendo el punzón.

En una de esas ocasiones, se abalanzó hacia un policía y le lanzó un golpe con el destornillador a la altura del cuello que el agente trató de esquivar, lo que logró en parte, pues fue alcanzado a la altura del mentón. El policía cayó al suelo de espaldas, circunstancias de la que se valió Juan Antonio para emprender de nuevo su ataque. En ese momento, intervinieron los demás agentes a fin de evitarlo. Uno de ellos sufrió varias embestidas por parte del agresor, que lo acometió con el destornillador en zonas vitales de su tronco, si bien los golpes impactaron en el chaleco antibalas. Otro funcionario cayó sobre una tarima de madera después de que el atacante se abalanzase sobre él.

Como Juan Antonio no cesaba en su actitud violenta, los policías sacaron las defensas reglamentarias. El hombre recibió varios golpes en la cabeza, “dado los continuos e imprevisibles movimientos corporales que realizaba”, precisa el fiscal.

En un momento dado, un funcionario logró acercarse por detrás y agarrar a Juan Antonio, que empezó a forcejear para zafarse. Los dos cayeron de cara sobre la tarima de madera, primero Juan Antonio y sobre él mismo, el agente. Los otros tres policías aprovecharon entonces para inmovilizar al agresor y colocarle los grilletes, “no sin gran esfuerzo, dado que Juan Antonio, de considerable corpulencia y fuerza, se resistía desplegando gran energía”, detalla la calificación fiscal.

Mientras los policías lo reducían en el suelo, el detenido “dejó de moverse y quedó inmóvil”. Los funcionarios comprobaron que presentaba signos de haber fallecido y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación además de dar aviso a los servicios médicos, que confirmaron su muerte.

Al tiempo de ocurrir los hechos, especifica la Fiscalía en sus conclusiones, Juan Antonio padecía un trastorno bipolar, no seguía el tratamiento médico y mantenía un alto consumo de cannabis.