"Derribar el actual faro para levantar en su lugar el Faro de las Libertades es sólo una idea. Si se puede hacer se hace y si no, pues no se hace". Así de claro se manifiesta María Luisa García Juárez, gerente del Consorcio 2012 ante una de las obras que más polémica podría ocasionar dentro del plan de este organismo de ubicar en el castillo de San Sebastián el Memorial de las Libertades y la sede gaditana de la Casa de América. El presidente del Consorcio, Gaspar Zarrías, anunció hace unos días en Madrid que la propuesta se completaba con la construcción de un nuevo faro como emblema del Bicentenario, por lo que debía derribarse el actual, ya centenario y con un diseño único en toda España.

En todo caso, esta parte del proyecto tendrá que definirse en el diseño final que se haga en la zona pendiente de la autorización o no de la Dirección de Costas.

El Consorcio ya ha terminado la elaboración de las bases del concurso que, con carácter internacional, se quiere convocar para diseñar el nuevo equipamiento. El documento define los usos del conjunto que tendrá que albergar el Memorial de las Libertades, la Casa de América junto a usos recreativos, hosteleros y expositivos.

Una vez se convoque el concurso, se espera que se pueda cerrar el proceso de diseño en unos seis meses. Aunque se reconoce que los plazos son justos, se confía en poder iniciar las obras o, por lo menos, adjudicarlas antes de que termine este año. Hay poco tiempo para realizar una obra especialmente complicada, ya que se actúa sobre más de 40.000 metros cuadrados.

Destaca García Juárez que el concurso de ideas valorará igualmente cómo se puede solventar el acceso al castillo, hasta ahora limitado a un estrecho y largo paseo.

El Ayuntamiento ya ha confeccionado un amplio informe sobre la rehabilitación del conjunto, sin entrar en futuros usos, con un coste estimado de 24 millones de euros. El documento va a ser remitido tanto al Consorcio como a la Comisión Nacional del Bicentenario. Considera el gobierno local que de esta forma se va adelantando trabajo. Respecto al coste final, el Estado "está de acuerdo en invertir lo necesario, cueste lo que cueste", según García Juárez. En cuanto al uso cultural del castillo, la gerente del Consorcio reconoció a este diario que desconocía la propuesta municipal de transformar las casamatas de la isla principal en un gran museo sobre los 3.000 años de historia de Cádiz.