Las organizaciones provinciales de Escuelas Católicas Cádiz, CECE Cádiz, AESECE Cádiz, FSIE Cádiz, FEUSO Cádiz, Concapa Cádiz y Cofapa Cádiz, integradas en la Plataforma de Concertados y que representan a 82 centros, 3.500 trabajadores y más de 50.000 alumnos han acordado sumarse a las movilizaciones en contra de la LOMLOE promovidas en todo el territorio nacional bajo el lema Más Plurales, Más libres y Más iguales, en lo que consideran "un ataque sin precedentes al marco de libertad educativa establecido de forma expresa en el artículo 27 de la Constitución".

Según los representantes de la Concertada de Cádiz, la tramitación de esta Ley, "llevada a cabo por imposición y sin consenso, vulnera derechos reconocidos en la Constitución, atentando claramente contra la libertad de elección de las familias y la pluralidad educativa. De este modo, al relegar progresivamente el modelo de enseñanza concertada a un papel subsidiario de la pública, se pretende limitar no solo la pluralidad de idearios educativos, sino también el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos e hijas, un derecho reconocido –de forma explícita– tanto en nuestra Constitución como en el artículo 26.3 de la Declaración de los Derechos Humanos".

En este sentido, señalan que la conocida como Ley Celaá, "se inventa un pretendido derecho a la educación pública –cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la Educación– y la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad recogida en la Constitución y mantenida durante décadas".

También lamentan que la LOMLOE "devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela, al dejarla sin alternativas y sin efectos en la evaluación", y critican la propuesta de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos "que puede ser utilizada como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres".

"La nueva Ley, además, aboca a la desaparición tanto a la educación diferenciada como a los centros específicos de educación especial y amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de numerosos profesionales del sector y el futuro de los centros específicos de educación especial, en contra de la opinión de los profesionales y las familias", indican.