Queda algo más de un año para las elecciones municipales. Aunque parezca que todavía falta mucho tiempo para que lleguen, en realidad están a la vuelta de la esquina. La clave electoralista va a impregnar la vida política y el desarrollo de los plenos del Ayuntamiento de Cádiz de aquí a los próximos comicios, si es que alguna vez no se ha abandonado este tortuoso camino. Ayer, el tema que importaba en el Pleno ordinario de marzo para arrojárselo al contrario era la economía. La deuda generada por el PP era el arma del equipo de Gobierno para hacer daño a sus antecesores en el Gobierno local en forma de auditoría ciudadana, que a su vez también la servía para sacarle los colores al resto de la oposición si no apoyaban esta cuestión. La defensa de los populares se tornó en ataque con la declaración de nulidad de los presupuestos de 2016. El resultado fue otro debate turbio sin soluciones.

En lo meramente formal, la oposición consiguió tumbar el propósito de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común de sacar adelante la realización de una auditoría ciudadana, una de las medidas que se viene anunciando a bombo y platillo desde 2015 para identificar el origen de la deuda originada por el PP en el Consistorio gaditano. Sin embargo, los populares y el PSOE desactivaron el plan con sendas enmiendas de sustitución, aunque con diferentes posibilidades para su ejecución. Por su parte, el PP sí consiguió el apoyo a su moción para la creación de una comisión que elabore un informe sobre la situación legal que se genera por la sentencia del TSJA.

En el tema de la auditoría ciudadana, tiene más visos de poder ejecutarse la moción presentada por los populares al pedir a la Intervención Municipal que elabore un listado sobre aquellos organismos del Consistorio que no se han sometido a una auditoría en los últimos 11 años para que se realice en función de lo que marca la ley, además de pedir un informe sobre la adjudicación a la empresa Ekona para un servicio de auditoría. Por su parte, aunque cuenta con el visto bueno del Pleno, la ejecución de la enmienda del PSOE es más dudosa al instar a la contratación de un servicio externo para auditar la deuda municipal entre 2007 y 2017, además de dar traslado a la ciudadanía de las conclusiones de este trabajo.

El interventor dejó claro que los organismos que tienen la competencia para la realización de las auditorías son los órganos de control interno, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas, por lo que cualquier ente privado sólo puede actuar como colaborador en esta labor. Además, aportó sobre la pretensión del equipo de Gobierno de hacer una auditoría ciudadana que ésta se realiza "en el seno de la participación ciudadana", por lo que esta acción "no se trata de una auditoría".

Tras estas consideraciones, el concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, intentó sumar las dos enmiendas de sustitución a su propuesta, aunque no obtuvo el efecto esperado. Aun así, defendió que la auditoría ciudadana "no es ni ilegal ni sectaria", sino que "es obligatoria" para tener una administración transparente. Además, expresó que el objetivo es que "si hay algún tipo de responsabilidad, se le ponga nombre y apellidos".

Bruno García hizo de José Blas Fernández en este tema -Fernández suele tener siempre el papel protagonista en los temas económicos- para repasar que la deuda municipal se debe a la acción de gobierno de los populares, aunque después se mostró más incisivo de lo habitual al decir que estaban dispuestos a aprobar la propuesta si pasaba a llamarse "auditoría de afines de Podemos y odiadores del PP para intentar desprestigiar hasta las elecciones a base de mentiras y medias verdades".

En un segundo plano, Juan Cantero (PSOE) remarcó que el tema de la auditoría ciudadana es "un concepto político inventado por los afines de Podemos", mientras que el portavoz socialista, Fran González, situó la iniciativa del equipo de Gobierno en el interés de "generar confrontación con tintes de espectáculo público para intentar desviar la atención de otras cuestiones". Juan Manuel Pérez Dorao (Ciudadanos) se salió del guion habitual de sus exposiciones en su primera intervención al decir que esta propuesta es de las que "nos traen para que pasemos un rato entretenido".

En el tema de la creación de una comisión sobre la ejecución presupuestaria actual, las peticiones de dimisión a David Navarro como concejal de Economía y Hacienda fueron una constante, mientras que el edil de Podemos se intentaba defender como podía de los ataques a partir de la gestión de las cuentas de 2016 tras arrojar un superávit de 4,5 millones de euros.

La batuta la llevó en esta ocasión José Blas Fernández (PP), que fue muy duro en sus críticas con Navarro al decirle que "debe tener vergüenza política para marcharse de ahí". Fernández le acusó de generar "un gran galimatías" en las cuentas municipales tras la sentencia del TSJA , por lo que le solicitó que "pida perdón" y que le diga a los gaditanos que "me tengo que marchar". "Los delegados de Hacienda nos quemamos mucho, pero usted ya es un chicharrón", le llegó a espetar.

No se quedó atrás Juan Manuel Pérez Dorao (Ciudadanos) al asegurar que "no da un perfil mínimamente apto para cubrir este puesto -el de concejal de Hacienda-". Por su parte, Fran González (PSOE) hizo uso de las acusaciones que recibe de poner palos en las ruedas para decirle a Navarro que por su "hoja de servicios" él es "el único que boicotea a su equipo de Gobierno".

ortiz ocupa el asiento de martínez. La imagen de la sucesión en el PP era la más esperada del Pleno municipal que se celebró ayer. El relevo entre Teófila Martínez y Juan José Ortiz se produjo bien avanzada la sesión, ya que el candidato popular para las próximas elecciones municipales estuvo parte de la mañana en el juzgado por las declaraciones por la demanda del Caso Matadero.