El exdirector del Colegio Salesianos de Cádiz, Javier López Luna, volvió ayer a los juzgados de San José para presenciar el examen, por parte de agentes de la Policía Nacional, del material que fue requisado por las fuerzas de seguridad el pasado 26 de julio en el registro del que fuera su despacho del centro educativo. Este material consistía principalmente en ordenadores y un ipad.

López Luna llegó a primera hora de la mañana a los juzgados, procedente de Puerto 2, y permaneció allí más de cinco horas. Después fue conducido de nuevo a la cárcel.

Pasado el mediodía, algún familiar, además de amigos y padres de alumnos del colegio, se acercaron hasta los juzgados para mostrarle al sacerdote su apoyo a la salida. Pero no fue posible. El salesiano salió cerca de las cuatro de la tarde, cuando todos habían ido a comer, pensando ya que el traslado hacia la cárcel iba a ser a media tarde.

Cabe recordar que Javier López Luna, que permanece en prisión preventiva, fue denunciado a mediados de julio por la familia de un alumno por llevar a cabo, presuntamente, juegos que incluían golpes y, en algunas ocasiones, tocamientos.

Fuentes del caso señalaban ayer que en los próximos días, el exdirector de Salesianos volverá a declarar ante el juez Miguel Ángel López Marchena, quien instruye el caso.

Hace dos días terminaron de declarar ante este juez todos los menores implicados y está pendiente que el fiscal haga la petición que estime oportuna, que se prevé que sea libertad con cargos.

Según publicó este periódico la semana pasada, el juez encargado del caso mantenía en prisión al sacerdote porque temía que si salía, podría ponerse en contacto con algunos de sus alumnos e influir en cierta forma en las declaraciones de los niños que seguían pasando por el juzgado. Así, una vez que estos han terminado de declarar, es previsible que el juez deje al exdirector de Salesianos en libertad con cargos a la espera del juicio.

En un principio, se dijo que en el auto del juez se justificaba la prisión preventiva de 'Don Javier' por la "alarma social" que había suscitado el caso. Pero después esto fue desmentido, ya que la alarma social no tiene base legal como motivo para mantener a nadie en la cárcel. De hecho, desde hace varios años no se puede utilizar esa argumentación en un auto de prisión.

Tras las acusaciones hacia Javier López Luna y su prisión preventiva, la congregación salesiana abrió un expediente informativo al sacerdote, que fue apartado de su cargo de director del Colegio San Ignacio de Cádiz. En un comunicado, la congregación, que apelaba a la presunción de inocencia, se declaró "profundamente consternada y apesadumbrada por el mero hecho de que se relacione a un sacerdote de la congregación con actuaciones en contra de menores", y anunciaba que se ponía a disposición de la justicia para facilitar el esclarecimiento de los hechos. También advirtió que no justificará "jamás" ninguna conducta que atente contra los jóvenes y confirmó que asumía la defensa de López Luna porque creía "objetivamente" que se puede demostrar su inocencia.