El pasado 24 de octubre, la Policía Local desalojaba a cinco familias de San Juan Bautista de la Salle, 17. "Llevamos seis años denunciando en el Ayuntamiento el mal estado de la finca. Ahora, mi marido tiene que dormir con sus padres y mi hija y yo con mi hermana". Lo cuenta Amalia, una mujer que se siente desesperada por la situación. Las lluvias de hace tres semanas "terminaron de rematar el mal estado de nuestra casa".

Asegura que tras denunciar durante cinco años el deterioro de su vivienda, en 2007 "vino un técnico municipal". En aquel momento dijo que "no había peligro alguno", relata Amalia. Hace menos de un mes, tras las lluvias torrenciales que afectaron mucho a la casa, vino otro técnico y dijo que la vivienda se encontraba en mal estado. Un segundo técnico, el mismo que vino en 2007, "nos dijo que entonces debían habernos desalojado, pero que no había casas de realojo", dice.

Unos días después "nos dijeron que teníamos cinco minutos para coger nuestras cosas y marcharnos". El Ayuntamiento "nos financiaba diez días en dos hostales, después teníamos que buscarnos la vida. Hemos tenido que hacer frente al gasto que supone guardar los muebles y su traslado". Asegura que en los últimos días ha tratado de hablar con el teniente de alcaldesa delegado de Vivienda, Juan José Ortíz, pero "no nos escucha". Esta familia ha acudido a Jesús Martínez, director de la Oficina de Rehabilitación de la Junta, "el único que nos ha prestado atención", pese a que Martínez explica que nada puede hacer por ellos porque la finca no está de momento en los planes de actuación de la Junta.

El Ayuntamiento asegura que a estas familias se les dio la posibilidad de buscar otro piso en alquiler para después ayudarle a costearlos. El viernes una de ellas presentó el contrato de arrendamiento, y las otras cuatro siguen en casa de familiares. El Ayuntamiento ayudará con el pago del primer mes y el de fianza y trimestralmente hará un seguimiento de la situación económica de las que se realojen en pisos de alquiler. "Lo que hacemos es ayudar económicamente a las familias hasta que puedan volver a sus casas en función de los ingresos que vayan teniendo en todo el tiempo que vivan fuera de sus pisos", explica el concejal de Asuntos Sociales, José Macías.

El desalojo se ha producido, según indica el Ayuntamiento, por motivos de seguridad y tras varios requerimientos de obras desatendidos. Ahora hará obras de forma subsidiaria, es decir, después pasará factura a los propietarios.

Uno de los dueños matiza que los requerimientos no han sido desoídos, sino que se han respondido explicando los problemas existentes para acometer los arreglos. Esta finca es propiedad de varios familiares y hay una usufructuaria, que es la que cobra las rentas. Para los propietarios, es ella la que debe hacerse cargo de las obras, y para ella, son los propietarios los que han de costearla. Además, uno de los dueños, Francisco Javier Guerra, indica que están "atados de pies y manos", puesto que no pueden hacer absolutamente nada con la finca sin la autorización de la usufructuaria.

Este propietario acudió a la Oficina de Rehabilitación para tratar de buscar alguna salida al problema. La Junta, según explicó Jesús Martínez, analizará ahora cuánto costaría rehabilitar la finca y cuánto comprarla para hacer sendas ofertas.