Más allá de las zancadillas políticas de otros tiempos y de que se aprecien o no los valores arquitectónicos e históricos del edificio de la Aduana de la Plaza de Sevilla, ahora que la ciudad parece volver a dividirse en dos bandos, parece sensato plantearse qué pasaría en el improbable -para algunos imposible- caso de que la Junta de Andalucía retirase la protección que le otorgó a este inmueble. Fue en 2009, en virtud de un informe determinante encargado por Cultura y gracias a un poderoso movimiento ciudadano. Después de dar voz a una incipiente plataforma pro derribo, hoy volvemos a dársela al colectivo en defensa del inmueble, pese a que en principio no pensaba manifestarse al respecto.

Derribar la Nueva Aduana y realojar al centenar de funcionarios que allí trabaja en un edificio de nueva construcción adecuado para las actividades que desarrollan le costaría al Ayuntamiento de Cádiz -y sólo al Ayuntamiento de Cádiz- más de 15 millones de euros. Se trata de una estimación hecha por el Foro Salvemos la Aduana Nueva que sostiene el arquitecto José María Esteban, uno de sus miembros más activos.

Esteban insiste en dejar muy claro que en el colectivo están muy tranquilos con la protección que ampara al edificio desde hace ocho años y que, si bien respeta al prestigioso Estudio Capitel, al que una incipiente plataforma pro derribo encargó un dictamen que concluye que el edificio tiene escaso valor arquitectónico, el documento es "sólo un informe de parte, que no viene a cambiar absolutamente nada de lo que resuelve la Junta a partir de un prolijo informe hecho por un catedrático y un doctor por encargo de la Consejería de Cultura".

A partir de aquí, el arquitecto acepta el supuesto que se le plantea. Primero, recordando que en el convenio -hoy plenamente vigente- firmado en 2007 por el Ayuntamiento que encabezaba Teófila Martínez; el Ministerio de Fomento de Magdalena Álvarez; la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Concepción Gutiérrez y Adif, "se establece claramente que será con cargo al Ayuntamiento de Cádiz lo concerniente al derribo de la Aduana y a la generación de las nuevas oficinas de los servicios de la misma en sitio próximo al que hoy tiene".

José María Esteban estima que el coste aproximado de la actuación -"sería necesario un proyecto para afinar números"- ascendería a un millón de euros en labores de derribo, al que habría que sumar otro 1,75 millón en unos 3.500 metros de suelo, otros 7,5 millones para la nueva edificación y, finalmente, unos no menos de 3,5 millones para el sofisticado y caro equipamiento tecnológico que requiere la actividad que se desarrolla en el edificio, sobre todo, la correspondiente a Vigilancia Aduanera.

Todo esto arrojaría un coste total para las mermadas arcas municipales de 13,75 millones de euros, a los que habría que añadir todavía un millón y medio más, como mínimo, en concepto de la urbanización resultante del espacio frente a la estación. Total: 15,25 millones de euros. "Con las prioridades y necesidades y los recursos que tenemos los gaditanos ¿Podemos asumir un gasto así?, ¿nos podemos permitir un despilfarro de tal calibre?", se pregunta el arquitecto.

En el mismo sentido se manifiesta el abogado y ex presidente de la Autoridad Portuaria José Ramón Pérez Díaz-Alersi. "El informe que ha presentado la presunta plataforma pro derribo -porque, que se sepa, hasta ahora sólo la conforman tres personas-, es solo la opinión de un arquitecto. Estamos en un estado de derecho; la Junta abre un expediente y encarga un informe a dos peritos, que elaboran un estudio largo y profusamente detallado en el que concluyen que el edificio no sólo no hay que demolerlo, sino que hay que protegerlo. Y en función de ese informe, la Junta resuelve en ese sentido. No es necesario defender algo que ya se defiende sólo."

"Estamos en un estado democrático y de derecho en el que la administración no puede actuar contra sus propios actos", insiste José Ramón Pérez. "La Junta no puede revertir la protección que ya le ha dado al edificio en función del criterio de los peritos porque no ha cambiado absolutamente nada. Podríamos hablar de esa posibilidad si se hubiese dado alguna modificación. Pero es que el plan de la Plaza de Sevilla no plantea nada en este sentido".

El abogado recuerda que en el proyecto de la Plaza de Sevilla "no hay planes de que en el solar que ocupa ahora la Aduana se vaya a construir un aparcamiento, ni de que coincida con la curva de una circunvalación, ni con una rotonda; lo que plantea el plan es que al edificio lo sustituya una parcela de césped, que no justifica la revaloración de la fachada de la antigua estación de tren, que, por cierto, no es la auténtica, que estaba decorada; ni siquiera el tejado es original... en algún momento desapareció y nunca más se supo". José Ramón Pérez recalca: "El edificio de la Aduana no afecta en absoluto a nada de lo que se plantea en la Plaza de Sevilla. Lo que sí las afectan son el Queco o la Queca, que ni siquiera nadie se ha atrevido a inaugurarlos". Lo que sí asume el Foro en Defensa de la Aduana es la demolición del almacén posterior del edificio, "porque todos estamos de acuerdo en que es un añadido que no forma parte del edificio y que sí que hay que derribar".

"Que se reabriese el expediente de protección sería una auténtica locura ¿No hay otras cosas urgentes que hacer en Cádiz?", concluye este portavoz del colectivo pro Aduana. "Además, el edificio es propiedad del Estado, que le diría al Ayuntamiento: si ustedes lo tiran, tendrán que hacer y pagar uno nuevo. El Estado no tiene ni la mínima intención de gastarse ni un euro en aquello, porque ya lo hizo en su momento, con materiales muy ricos, por cierto, con mármoles de Carrara y bronce, entre otros".

"Y como ya ha publicado su periódico -prosigue el abogado-, allí trabajan un centenar de funcionarios cumpliendo a diario con una delicada y a veces heroica misión: la lucha contra el contrabando, la evasión de capitales, el narcotráfico y el control de las mercancías que entran y salen del puerto. Todo lo que se hace en ese edificio es complejo. De allí salen todos los días unidades de agentes cuya labor es controlar actividades ilícitas entre Sanlúcar y Tarifa. Y en la tercera planta hay unos 25 o 30 funcionarios en labores de investigación, escucha y rastreo de organizaciones dedicadas al contrabando y el narcotráfico a ambos lados del Atlántico. Para colmo, allí está también desde hace poco la sede del Tribunal Económico Administrativo".

Pérez Díaz-Alersi recuerda que para prestar este delicado servicio, la Administración del Estado "necesita de un edificio exento, seguro como ese, con espacio para los coches camuflados, con despachos para la actividad policial y con oficinas dignas para atender a los consignatarios y los transitarios".

Por otro lado, el ex presidente de la Autoridad Portuaria argumenta razones históricas para que la Aduana se encuentre allí. "¿Dónde estaba antes? Donde hoy está la Diputación. Con el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz se la acomoda allí, al igual que al Consulado de Cargadores a Indias y a la Fuerza Anticontrabando. Al lado del puerto, donde debía estar. Pero posteriormente se la va desalojando y la relevan otros organismos estatales como el Gobierno Civil, la Delegación de Hacienda, el Archivo Histórico Provincial, el Servicio de Asistencia a Municipios de menos de 20.000 habitantes... y la Diputación acaba acaparando todo el edificio. Hasta que en los años 50, el gobierno de Franco decide darle una sede digna a la Aduana y lo hace con los mejores materiales y los mejores arquitectos que puede permitirse. El Estado recuperó la dignidad para un servicio tan delicado ¿Vamos a echar a esos funcionarios otra vez?".

Tanto José María Esteban como José Ramón Pérez insisten en que "desde el Foro Salvemos la Aduana defendemos que las cosas están como están y no tienen marcha atrás". "Porque -se pregunta el abogado- ¿dónde está esa plataforma? Nosotros presentamos 3.500 firmas y tenemos importantes académicos en nuestras filas. Y ahora hay tres señores que dicen que han montado una plataforma. Nosotros tenemos muchos argumentos, mucha documentación y montones de informes que nos avalan. Y están a disposición de quienes quieran consultarlos".

"Aquí el problema es que hay quien, como en el deporte o en los pleitos, no ha sabido perder el partido. Y tanto en un campo como en otro hay que saber ganar y hay que saber perder. Quien tiene dignidad, la tiene ganando o perdiendo, pero algunos no han tenido la gallardía de reconocer y respetar lo que avalaron nada menos que 3.500 firmas, cientos de ellas de personas de mucho prestigio en la ciudad en el campo de la arquitectura, del arte y del urbanismo", remata José Ramón Pérez Díaz-Alersi.