Cádiz

El Defensor del Pueblo atiende la petición municipal sobre los refugiados

  • Jesús Maeztu pedirá a Soledad Becerril el desarrollo de la ley que regula el derecho al asilo

Concentración en apoyo a los refugiados frente al Ayuntamiento, en marzo de 2016. Concentración en apoyo a los refugiados frente al Ayuntamiento, en marzo de 2016.

Concentración en apoyo a los refugiados frente al Ayuntamiento, en marzo de 2016. / julio gonzález

La solicitud del Ayuntamiento de Cádiz al Defensor del Pueblo Andaluz sobre las zonas grises de la ley que regula el derecho al asilo y la protección subsidiaria ha sido oído por Jesús Maeztu. Así, el representante de nuestra comunidad autónoma pedirá a la Defensora del Pueblo Estatal, Soledad Becerril, que se desarrolle la Ley 12/2009 del 30 de octubre, según ha tenido conocimiento la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, a través de un escrito enviado por el proio Maeztu.

Fernández ha recordado que el Ayuntamiento solicitó a ambos organismo a que "hiciera cuanto estuviese en sus manos" para que el Gobierno Central "dé un paso adelante y desarrolle la Ley que regula el derecho al asilo ante la dramática situación en al que se encuentran los miles y miles de refugiados que se ven obligados a abandonar sus casas".

La petición ha sido respondida por el Defensor del Pueblo Andaluz que en su escrito incide en que "los defensores del pueblo de las comunidades autónomas, hemos manifestado en varias ocasiones la necesidad de alzar la voz ante la gravísima crisis humanitaria que afecta a los solicitantes de asilo y refugio en Europa mientras vemos cómo se tramitan con cuentagotas los procedimientos de acogida de los Estados miembros de la Unión Europea". Pero, tras analizar la petición formulada desde el Consistorio gaditano, Maeztu señala que no pueden intervenir de forma directa pero que se compromete a elevar esta petición a la Defensora del Pueblo Estatal.

Por su parte, la edil de Asuntos Sociales agradece públicamente el apoyo mostrado por Maeztu e incide en la importancia de que desde el organismo estatal se inste al Gobierno Central a que "no dilate más este proceso y desarrolle esta ley que permita tener un protocolo de actuación que deban seguir las personas que han tenido que salir corriendo de su países".

Fernández ha apuntado que "existe una amplia red de ciudades que se han mostrado dispuestas a participar de este proceso de acogimiento pero necesitamos de las herramientas legales para poder hacerlo".

En concreto, la petición recoge que se desarrolle el Reglamento de la Ley, tal y como se indica en su artículo 38 donde se indicaba un plaza de 6 meses para hacerlo. Así, ocurre que al no existir un Reglamento los plazos se eternizan y existen personas en situación de solicitantes desde hace muchos años. Precisamente, el acceso de asilo en las embajadas no está siendo real a falta de este Reglamento que desarrolle los trámites necesarios.

Además, también se atendería al Informe de Naciones Unidas que indica que los casos de las mujeres víctimas, o posibles víctimas, de la trata se están examinando dentro del marco jurídico general de la inmigración y no en virtud del procedimiento de determinación del estatuto de refugiado, incumpliendo una de las directrices del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.

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