La Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico se ha dirigido a la Delegación de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio de la Junta en Cádiz reiterándole que tiene a nivel administrativo "las competencias ejecutivas plenas" en el caso de los chiringuitos de la ciudad de Cádiz, cuyos títulos de las concesiones y las autorizaciones de la autoridad autonómica se encuentran actualmente en situación "de precario" desde el mes de julio.

Según ha informado la Demarcación en una nota, en 2016 la Junta reconocía que ella era la administración que debía comprobar la restauración del terreno ocupado por el beneficiario de la autorización, la que tenía que fijar un plazo para ello, cobrar la fianza depositada y, en caso de incumplimiento, incautársela, y ahora "sostiene que, una vez extinguida la autorización por vencimiento del plazo, automáticamente nos hallamos ante una ocupación sin título y ante una competencia, por tanto, de la administración general del Estado".

Costas incluso recuerda que las fianzas se han depositado en oficinas de la Junta

Costas ha entendido que esa interpretación 'sui generis' no se corresponde con la realidad porque "no nos hallamos en este caso ante una mera ocupación sin título que convertiría este asunto en competencia estatal, sino ante una ocupación mediando autorización administrativa previa, que ha quedado resuelta por fin de plazo, tras la cual el beneficiario no ha retirado la ocupación, incumpliendo con ello la resolución autonómica de autorización".

Por ello, ha apuntado que la administración competente es "la autonómica", que "debe actuar ante los concesionarios en precario y no la administración del Estado, ya que en estos momentos está incumpliendo la resolución autonómica de autorización".

Del mismo modo, desde Costas han aclarado a la Junta que ha habido "una previa inactividad de esa administración en cuanto al ejercicio de sus propias competencias, que le obligan, como ella misma reconoce en el título habilitante emitido, a comprobar el cumplimiento por la administración autonómica de los requisitos establecidos en la anterior condición", recordando a los responsables autonómicos "sus propias resoluciones de autorización de las terrazas, como se desprende de las condiciones particulares y generales".

Costas ha destacado incluso el hecho de haber sido en la Caja General de Depósitos de la Delegación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta en Cádiz donde los concesionarios han depositado la fianza exigida, según el artículo 88 de la Ley de Costas.

Por último, en relación al canon por la ocupación de superficie en estas instalaciones, Costas ha sostenido que "se ha requerido a la Junta los datos mínimos de los titulares de dichas autorizaciones "estando hasta la fecha a la espera de que remitan dicha documentación".