Las comunidades de propietarios de viviendas también se están viendo afectadas por la pandemia, por el coronavirus y por unas restricciones que dificultan, por ejemplo, la celebración de la anual junta ordinaria de comunidad en la que los vecinos actualizan sus presupuestos, cambian las cuotas y acuerdan la renovación de los cargos. Las reuniones, en sí, no están prohibidas, pero las limitaciones en el máximo de personas que pueden acudir (cuatro o seis según los distintos periodos de pandemia) complica mucho su celebración. Las comunidades de propietarios viven así en una situación de bloqueo que podría corregirse, a juicio de los administradores de fincas, con un cambio legislativo, permanente o puntual, que autorice por ejemplo las reuniones telemáticas de los vecinos.

Juan José del Río Ortega es el vicepresidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz, el órgano que agrupa en la provincia a los profesionales que atienden en el día a día a la mayoría de las comunidades de vecinos. Recuerda Del Río que cuando comenzó el confinamiento hace ahora un año los administradores de fincas, a través de sus respectivos órganos colegiados nacionales y territoriales, reclamaron que se legislara de urgencia para atender los problemas específicos de las comunidades, paralizadas en muchas de sus decisiones por la falta de unas reuniones que en sí ahora no están prohibidas pero que la lógica y el cuidado de la salud llevan a no convocarlas.

“Al principio –explica Juan José del Río–, cuando se da el primer estado de alarma, nos coge a todos con el pie cambiado y desde el colegio de administradores solicitamos al gobierno central que legislara, que hiciera alguna orden, algún decreto, puntual, alguna modificación, para que pudiéramos llevar a cabo reuniones telemáticas, que no contempla la ley de propiedad horizontal. Hay situaciones de bloqueo que hay que solucionar”.

Esta ley se remonta al año 1960, y aunque ha sufrido algunas modificaciones desde entonces, la más enjundiosa en 1999 y la última en 2013, es una norma evidentemente antigua que debe ser sometida, y este es otro caballo de batalla de los profesionales colegiados, a una pronta revisión y actualización.El administrador de fincas Juan José del Río reconoce también que la legislación, si cambia, tendrá que hilar muy fino en el desarrollo normativo de estas posibles reuniones telemáticas, a las que no tendrían un fácil acceso posiblemente los propietarios de mayor edad.

En todo caso, el problema es ahora actual y está influyendo en el funcionamiento cotidiano de muchas comunidades. Las dificultades para reunirse pueden impedir, por ejemplo, que un grupo de vecinos con cuotas muy justas para los gastos de su comunidad no tenga forma legal de aumentarlas porque es un asunto que debe acordarse en la junta ordinaria de cada año.

Como también debe tratarse en esa reunión anual la renovación del cargo de presidente –aunque se establezca cada año por turno rotatorio–, la aprobación del presupuesto comunitario, la renovación de contratos de mantenimiento o la ejecución de obras.

En este punto, Juan José del Río trata de poner ejemplos que demuestran cómo pueden afectar las restricciones de la pandemia a una comunidad: “Imaginemos que vence un seguro y que se presenta una oportunidad de mejorarlo con otra compañía o rebajar la cuota, una potestad de la junta de propietarios. O que hay desperfectos en la fachada y filtraciones de agua en tres viviendas, y hay diez propietarios: ¿cómo se convoca una junta?”.

En muchos asuntos, eso sí, bastaría con apelar al sentido común para resolver alguna urgencia, como el caso de alguna cornisa desprendida en la fachada, una actuación que implicaría peligro en la vía pública y que hay que resolver con prontitud.

Del Río apuesta por que el cambio legislativo que reclama el sector afecte también en estos momentos de pandemia a la prórroga de los cargos, para no añadir un nuevo motivo de bloqueo o parálisis a la gestión de la comunidad de vecinos.

Porque en esta circunstancia radica uno de los problemas más serios con que se están encontrando algunas comunidades. Juan José del Río explica que hay bancos, no todos, que están bloqueando las cuentas de las comunidades que no aportan el acta de la junta con la renovación de cargos y, por tanto, los nombres de los nuevos “autorizados” para acceder a las cuentas bancarias. Este hecho puede provocar la devolución de los recibos domiciliados o la paralización de las cuotas de los propietarios, con sus negativas consecuencias.

Son, por tanto, contratiempos que el administrador de fincas se encuentra en el trabajo diario de las comunidades, donde es lógico también que haya vecinos que no entiendan el bloqueo que producen las restricciones, sobre todo cuando hay oficios en los que los trabajadores aprovechan las nuevas tecnologías para seguir funcionando y reuniéndose. Pero con la ley en la mano, con la trasnochada en muchos aspectos ley de propiedad horizontal, esta posibilidad no es jurídicamente válida en una comunidad de propietarios.

Urge, pues, afrontar este cambio legislativo, sobre todo después de la situación actual de pandemia. Juan José del Río defiende el trabajo de los administradores del fincas, del colegio territorial gaditano y de los órganos autonómicos y estatales, pues la profesionalización de esta actividad repercute “en la buena gestión” de una comunidad de propietarios que, al final, se tiene que mover en un marco jurídico y económico en el que es fundamental conocer la ley, sus límites y sus posibilidades.