La Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta tumbó en la mañana de ayer la petición realizada por el Ayuntamiento para la concesión de una autorización extraordinaria, por segundo año consecutivo, para la apertura de los chiringuitos durante los meses de invierno.

La decisión era la esperada, ya que la Administración autonómica lleva desde diciembre del año pasado reclamando al Consistorio que iniciara el trámite para la modificación sustancial de las concesiones, lo que posibilitaría que los negocios puedan quedarse en las playas durante todo el año a lo largo de los 11 años que aún quedan para que venzan los contratos. Por su parte, desde San Juan de Dios ya se reconoció el pasado lunes -día en el que entregó la documentación- que el permiso que reclamaba no era el requerido por el Gobierno andaluz, por lo que las posibilidades de conseguir su propósito eran mínimas, a pesar de agarrarse al informe recibido el pasado viernes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para argumentar esta actuación.

Pero a toda acción le sucede una reacción. El alcalde, José María González, y el delegado territorial de Medio Ambiente, Ángel Acuña, se reunirán el próximo lunes para intentar conseguir que este conflicto entre las dos instituciones se pueda desatascar.

A este encuentro se llega tras una larga mañana en la que los empresarios de los seis chiringuitos afectados por el dictamen de la Junta -Pikachos, Potito, Potito Beach, Malibú, Kalabeach y NahuBeach- se vieran las caras con las otras dos partes de esta disputa. Primero, el delegado territorial de Medio Ambiente, Ángel Acuña, comunicó la decisión a los hosteleros y a la directiva de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA). Posteriormente, a toda prisa se convocó una reunión de urgencia en la Casa Consistorial. Ante la ausencia del concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, que estaba ayer en Madrid participando en unas jornadas sobre la gestión del agua, fue el edil de Hacienda, David Navarro, quien recibió a los adjudicatarios de los restaurantes playeros para mostrarles la versión municipal y escuchar la opinión de los empresarios ante lo sucedido para encontrar una solución viable para las dos partes.

En este salto de Asdrúbal a San Juan de Dios, se consiguió lo que no se había producido en los 11 meses anteriores: que los responsables de la Junta y el Ayuntamiento se sienten en una mesa para solventar las discrepancias sobre las formas de este proceso.

Un paso que se da tras mostrar el Ayuntamiento, en las palabras de David Navarro, la posibilidad de recular en sus manifestaciones de los últimos días y tramitar, finalmente, la modificación sustancial de las concesiones. Todo esto tras comprobar que los empresarios, representados por el presidente de AECCA, Antonio Guerrero, están del lado de la Administración autonómica. Más si cabe cuando el propio Guerrero aseguró que esta asociación iba a tomar medidas legales contra el Ayuntamiento por el incumplimiento de los contratos, además de instar a los dueños de los chiringuitos a que permanezcan en las playas para hacer presión a pesar de no contar con el permiso oportuno.

A esto se unió el anuncio de Ángel Acuña de replantear las relaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente con el Ayuntamiento a la hora de ceder la gestión de la explotación de las concesiones de los chiringuitos, con los beneficios que esto supone para las arcas municipales por el canon que pagan los hosteleros por la ocupación del suelo, siendo éste el aspecto más relevante a la hora de realizar las adjudicaciones.

Un efecto colateral que supone un problema importante para el Consistorio, que deberá salir de todo este embrollo el lunes. Y, a menos que aparezca una alternativa, todo pasa por ceder a las reclamaciones de la Junta y los empresarios e iniciar el trámite de la modificación sustancial.

El no de la Junta al Ayuntamiento

El discurso del delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ángel Acuña, fue por momentos bastante duro con la gestión que ha realizado el Ayuntamiento de este tema, basando en ella y en las manifestaciones realizadas por el regidor, José María González, los argumentos para justificar la respuesta de la Junta a la petición del Consistorio.

Acuña afirmó que si hubiera aceptado la solicitud municipal "lo que estaríamos aceptando sería la permanencia y la permanencia necesita de un procedimiento, que es el de la modificación sustancial de las condiciones, cosa que hemos dicho en innumerables ocasiones". A esto sumó para decantar la balanza hacia la negativa las declaraciones del primer edil sobre este asunto, de las que Acuña destacó que "no piensan hacer nada" en el tiempo "que le quedan a los pliegos", por lo que el delegado de Medio Ambiente remarcó que esto "cierra toda posibilidad de que nos podamos plantear otro tipo de situaciones".

Acuña sentenció que desde la Administración andaluza sabían que "esto iba a pasar", ya que "nosotros hemos notado desde el minuto uno que el Ayuntamiento de Cádiz no estaba por la labor de hacer nada para que los chiringuitos pudieran estar abiertos durante el invierno".

Por ello, calificó como "errática" la actuación del Consistorio gaditano en la tramitación de la autorización para la apertura. "El Ayuntamiento ha estado dando tumbos", aseveró Acuña, que indicó que con sus acciones "han intentado buscar argumentos que ampararan esa decisión de no intervención", en relación al informe solicitado a la Comisión Consultiva. De hecho, Acuña incidió en que esta consulta "viene a amparar la postura que hemos ido manteniendo desde el principio, que una ampliación de los plazos daría lugar a una modificación sustancial de las condiciones".

Asimismo, respecto a un posible cambio en las relaciones entre la Junta y el Ayuntamiento, Acuña dijo que "no puede ser que sea el Ayuntamiento el que cobre el canon por la explotación, que en algunos casos los chiringuitos pagan 50.000 euros anuales, mientras que el trabajo lo estamos haciendo desde la Junta de Andalucía". Una amenaza de gestión directa por parte de la Administración autonómica con la que abogó por la prestación de "un servicio eficaz" por parte del municipio. Todo para remarcar que "ya le sacamos las castañas del fuego el año pasado" con el permiso provisional para regularizar las situación de los chiringuitos, algo que "no lo vamos a hacer más veces".

Por todo estos motivos, Acuña denunció que la responsabilidad del desmontaje de los establecimientos y la situación de los trabajadores que pierdan sus puestos de trabajo "es exclusiva y absoluta del Ayuntamiento de Cádiz".

Los empresarios, contrariados

La escenificación de la negativa de la Junta al Consistorio se completó con la comparecencia de los empresarios al alrededor de Ángel Acuña. El presidente de AECCA, Antonio Guerrero, subió aún más el tono de las críticas contra el Ayuntamiento por no tramitar la solicitud requerida por el Gobierno andaluz. Guerrero disparó hacia San Juan de Dios con el propósito de presionar con la asunción de medidas legales y la incitación a los empresarios de que no abandonen sus puestos en las playas a pesar de no contar con la autorización necesaria para seguir en ellas. "Ahora vamos a ser los empresarios los que vamos a tener que ir contra el Ayuntamiento", sentenció de manera rotunda el representante de los hosteleros.

Guerrero fue claro al apuntar hacia la labor del equipo de Gobierno municipal. Calificó como "un disparate" que por la actitud del Ayuntamiento "50 familias de gaditanos engrosen las listas del paro. Yo creo que sería para irse a su casa". Una declaración con la que el presidente de los empresarios playeros puso en la diana al primer edil. Así, apuntó el empresario que las reuniones con el Ayuntamiento "no han dado ningún fruto" y que de ellas sólo ha salido "la precariedad del año pasado y la pretensión de la misma precariedad para este año".

El presidente de AECCA resaltó que el informe de la Comisión Consultiva "no es vinculante" para el Ayuntamiento, pero que esta respuesta "deja una cosa clara y es que el propio pliego de condiciones al que se han referido que no se puede modificar marca que el Ayuntamiento podría modificar las fechas de explotación, siempre con el visto bueno de la Junta". Un procedimiento que "se ha explicado por activa y por pasiva" y que pasa por "tramitar una modificación para adaptarnos al nuevo marco legal".

Ante la posibilidad de futuras reclamaciones por el cambio de los contratos para la apertura en invierno, Guerrero incidió en que "no hay que tener miedo" ante esta posibilidad, metiéndose aquí ya en la demanda que va a estudiar AECCA al evidenciar que ya se ha producido un cambio en los acuerdos al contar los chiringuitos con más metros para la instalación de las terrazas.

La nueva postura del Consistorio

El movimiento final del Ayuntamiento devolvió la situación al punto de partida. El no de la Junta ya estaba sobre la mesa, por lo que necesitaba tiempo para encontrar una salida. David Navarro jugó ayer un papel complicado para intentar salir del paso ante un asunto que no es de su competencia, sobre todo por intentar justificar un cambio en el parecer municipal que debe fructificar en la reunión con la Junta del próximo lunes. Para ello, Navarro argumentó que el encuentro que se concertó ayer, y que en el momento de hacer las declaraciones no se había cerrado, se pedía para "acercar posiciones y unificar criterios de una vez para que este tema se solvente de la mejor manera posible".

El concejal de Hacienda recalcó, en una comparecencia en la que -a diferencia de otras ocasiones-, no realizó ni una sola crítica a la actuación de la Junta, que el Ayuntamiento tiene "el ánimo de intentar desbloquear la situación". Una solución con la que se intentará contentar a los empresarios "siempre que la ley no se vulnere y que ninguna de las partes, en este caso las dos administraciones, tengan ningún tipo de incidencia jurídica" para conseguir que los chiringuitos puedan abrir en invierno.

Navarro insistió en el "objetivo común" de todos los implicados para la mejora de la oferta turística con la apertura durante todo el año de los restaurantes playeros, lo que permitiría que no se pierdan los puestos de trabajo ligados a estos establecimientos.

Pero para llegar a la defensa del mantenimiento de los negocios, Navarro tuvo que reconocer que todo pasa por la modificación sustancial, tal y como le hicieron llegar los empresarios tras reunirse previamente con la Junta. "Ahora lo que nos plantean es que esa modificación sea requerida por el Ayuntamiento, con la voluntad y firme compromiso de la Junta de Andalucía de que sea solventada en el menor tiempo posible para que tenga una respuesta positiva o negativa de lo que se está demandando", explicó. Un cambio de postura que, si no surge ningún problema legal, debe facilitar el acuerdo entre las partes.