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Cádiz

Colombo dice que la APDHA ha manipulado los datos de Matadero

  • La edil popular recuerda que el Consejo de Inclusión Social se ha reunido 15 veces este año

La teniente de alcaldesa delegada de Familia en el Ayuntamiento de Cádiz, Mercedes Colombo, acusó ayer a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) de "falta de rigurosidad" por cómo ha trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz la información referida a la adjudicación de viviendas en Matadero y al contenido de la Mesa de Vivienda del Consejo de Inclusión Social.

Colombo señala que la APDHA "mintió" al Defensor del Pueblo ante lo que consideraban que el Ayuntamiento se había negado a proporcionar "ningún tipo de información, aclaraciones o explicaciones sobre este tema en los organismos institucionales de participación como es el caso del Consejo de Inclusión Social".

El equipo de Gobierno se remite al acta oficial de la última reunión de la Mesa de Vivienda del citado Consejo de Inclusión Social, celebrada el 2 de octubre, que recoge al respecto que Carmen Sánchez, concejala de Servicio Sociales "responde a Pro Derechos Humanos que se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo por parte de las trabajadoras sociales de cada familia adjudicataria". Asimismo, ese mismo día se añade que habrá que esperar a que la Fiscalía finalice la investigación, ya que ellos se han personado como acusación particular.

En ese acta se refleja también que una representante de Procasa explicó como formar parte del Registro de Demandantes de Vivienda, mientras que otra de Asuntos Sociales informó sobre el procedimiento llevado a cabo para el estudio social de las unidades familiares, según la metodología de Trabajo Social, para las adjudicaciones por exclusión social. Además, esta misma persona negó que se hicieran cambios en las valoraciones "ni que se haya sometido a presiones políticas".

Asimismo, Colombo hizo mención a un comunicado de prensa del 25 de septiembre en el que detalló que a Matadero irían 14 familias que la Junta aportó de las antiguas casas de Matadero; 22 familias procedentes del desalojo de urgencia de una finca en Doctor Marañón; 12 realojos urbanísticos de emergencia actual; 32 unidades familiares en situación de exclusión social y las 22 primeras del Registro Público de Demandantes de Viviendas, "que en su mayoría son beneficiarias de las ayudas municipales al alquiler".

Por último, recordó que el Consejo de Inclusión social se ha reunido 15 veces en lo que va de año a través de sus mesas sectoriales.

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