El pasado lunes, el Ayuntamiento gaditano reunía en el salón de plenos a 19 de sus inquilinos. A la salida eran propietarios de unas viviendas que habían ocupado desde hace años en calidad de arrendatarios. No son los primeros ni serán los últimos. La intención expresa del Patronato de la Vivienda es ir deshaciéndose de unos pisos que traen más problemas que ventajas, especialmente porque considera que el parque de pisos municipal es excesivo. Desde el año 94, indica, ha vendido 781 viviendas.

La operación se hace a cuentagotas, siempre que los inquilinos se presten a ello voluntariamente, y lo que sí se procura es facilitar las cosas, permitiendo, por ejemplo, que los hijos actúen como avalistas cuando los arrendatarios sean excesivamente mayores para que el banco les dé un crédito. Las ventas no dejan demasiado dinero (las últimas 19 se enajenaron por entre 21.307 y 11.187 euros) pero sí evitan problemas.

La mayor parte de estas casas fueron construidas entre los años 50 y 60, y es difícil que cambien los inquilinos porque sus contratos se firmaron al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64: son indefinidos y permiten subrogaciones. Hay viviendas municipales que han pasado de generación en generación y sus ocupantes se sienten sus dueños. "Estas viviendas suponen una carga para las arcas municipales por el alto nivel de mantenimiento que requieren, no compensado por el nivel de rentas que por ellas se percibe". Así se explica en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana, que aboga por seguir vendiendo, ya que eso logra "un mejor y más continuado mantenimiento de las viviendas y más calidad de vida de sus ocupantes, ya que por un precio asequible se les ofrece la posibilidad de convertirse en propietarios de los pisos en los que han residido durante mucho tiempo, que al comprarlos pueden reformar y mejorar adaptándolos a sus gustos y necesidades". Además, los fondos conseguidos con las ventas se invierten en nuevas políticas de vivienda y en renovar el parque municipal de alquiler.

Pese a las ventas, hay 2.048 pisos de alquiler municipales, cifra que incluye las dos promociones de la Junta (con 173 viviendas) que gestiona el Patronato debido a un convenio. Además, se están produciendo nuevas incorporaciones al patrimonio municipal de vivienda, especialmente en el casco antiguo, de mano del programa para jóvenes, ya que los adjudicatarios son inquilinos durante los cinco primeros años. Cuando se entreguen todas las casas de las fases ya sorteadas, habrá 150 viviendas más en alquiler.

Pero la Junta, que ya tenía viviendas en la ciudad en sus grupos (sobre todo los situados en La Paz, Trille y Puntales) inició hace casi una década el plan de Rehabilitación, lo cual tuvo como consecuencia el incremento de este parque de pisos público: se adquirieron fincas en el casco histórico y en extramuros para realojos. Además, la Junta asumió la reforma del Cerro del Moro, donde también se hacen pisos en alquiler. El resultado de todas estas operaciones es que la Junta cuenta con 652 viviendas gestionadas por la Oficina de Rehabilitación (entre casco antiguo y realojos), a lo que se suman las del parque público de la EPSA, de 623. Y esto, tras descontar los 79 pisos cuya venta alos inquilinos está cerrada en la barriada de La Paz. Y es que la Junta también tiene bastante clara la idea de ir deshaciéndose paulatinamente de viviendas, porque todas las que tienen suman 1.291 viviendas.

Entre la Junta y el Ayuntamiento suman 3.339 pisos, esto es, la cuarta parte de todas las primeras viviendas de alquiler que hay en la ciudad según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El INE cifra en 13.399 las casas arrendadas en la ciudad.

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