La polémica en torno a los chiringuitos vive en un eterno bucle desde hace cuatro años. En 2014, los actuales adjudicatarios comenzaron a operar en las playas tras ganar los respectivos concursos para explotar los seis establecimientos que existen en la playa de La Victoria, los dos de Cortadura y el único que hay en Santa María del Mar.

A partir de esa fecha, los hosteleros han vivido en un constante tira y afloja con el Ayuntamiento de Cádiz, estando la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como un actor importante al ser la Administración tramitadora de las concesiones para la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Desde que se estrenaron las actuales instalaciones, se ha producido una concatenación de hechos que han provocado que las discrepancias entre las partes se hayan convertido en un asunto administrativo especialmente complejo, sobre todo por la cantidad de carambolas que están realizando las instituciones implicadas para dar encaje a las peticiones de los chiringuitos, que se basan en adaptar sus concesiones a lo que marca el Reglamento General de Costas, mucho más permisivo que los pliegos de condiciones con los que los hosteleros se hicieron con la explotación de estos negocios.

Ahora, la discusión está centrada en dos aspectos: el traspaso de la titularidad de las concesiones a manos de los empresarios y la ampliación de la superficie de los establecimientos playeros. Los cuatro expedientes sancionadores y de restitución de la legalidad urbanística tramitados por el Ayuntamiento de Cádiz han soliviantado los ánimos de los hosteleros, aunque tras la reunión que se produjo el pasado viernes en el Ayuntamiento, las posturas se han acercado en la búsqueda de una solución a todo este embrollo para conseguir los hosteleros sus intenciones, además de obtener una seguridad jurídica para los que años que aún les quedan operando en las playas. Esto ha desactivado las protestas que los empresarios iban a protagonizar mañana. Un asunto con demasiadas aristas que hay que unir para entender la situación actual.

El inicio de toda esta historia se produce en 2013. En el mes de noviembre se aprobó inicio de la licitación de los nueve chiringuitos que se iban a explotar en las playas gaditanas -quedaba pendiente el de La Gallega, que en la actualidad no está funcionando-. Este pliego estaba sometido a lo que marcaba en ese momento la normativa estatal, por lo que la apertura de las instalaciones serían del 1 de marzo al 30 de noviembre en Santa María del Mar y La Victoria, y del 1 de mayo al 31 de octubre en Cortadura. Asimismo, la ocupación de las instalaciones se circunscribía a 150 metros cuadrados.

En este compás de tiempo se produjo la actualización de la Ley de Costas, publicada el 30 de mayo de 2013 en el BOE, desarrollándose posteriormente en el Reglamento General de Costas, que comenzó a estar vigente el 11 de octubre de 2014. Esto hizo que los contratos se rubricaran con unas condiciones mucho más restrictivas que las que pretenden sacar adelante los empresarios en la actualidad.

Aquí, el principal problema que aparece es que los pliegos de condiciones, elaborados por el anterior equipo de Gobierno del PP, no contemplaron ningún tipo de cláusula que permitiera la adaptación posterior de las explotaciones. Una adversidad que aún se sigue arrastrando en este conflicto, ya que en otras poblaciones del entorno no se ha producido esta polémica.

Desde ese 2014, varios empresarios se unieron para intentar arrancar del Ayuntamiento de Cádiz un cambio de las condiciones por las que obtuvieron las concesiones. Y es que siempre han considerado que se habían hecho con unos contratos demasiados largos -10 años más otros cuatro prorrogables- tenían unas condiciones menos favorables a las que se recogían en la reglamentación estatal. Por ello, no estaban dispuestos a esperar tanto tiempo para conseguir una explotación plena de los negocios, además de prestarse un servicio menor que en otras localidades cercanas.

Este primer intento que realizaron los chiringuitos Potito, Potito Beach y Malibú se dio de bruces con el anterior equipo de Gobierno, que no permitió que las instalaciones abrieran en invierno.

Este asunto cambió al año siguiente al acceder a San Juan de Dios el actual alcalde, José María González. Los tres citados establecimientos consiguieron una autorización extraordinaria para que pudieran abrir en invierno. Dentro de este procedimiento administrativo, la Junta comunicó al Consistorio que lo que se debía realizar era una modificación sustancial de las condiciones de las concesiones para dar cabida a la intención de los hosteleros. A la par, en este año ya solicitó el Ayuntamiento antes de verano que se incluyera la ampliación de las terrazas dentro del Plan de Playas.

Pasó el invierno y llegó la temporada de 2016, en la que se debía consolidar lo andado en 2015, además de sumarse más chiringuitos a este proceso. Sin embargo, las partes se volvieron a enzarzar por la manera en la que se debería realizar el procedimiento para permitir la permanencia de los restaurantes playeros durante todo el año. Tanto se tensó la cuerda que a punto estuvo de que se fueran las negociaciones al traste. Al final, el Ayuntamiento cedió y solicitó la citada modificación sustancial en vez de seguir con las autorizaciones provisionales, tal y como era su primera intención.

Cuando parecía que todo se iba a solucionar en 2017, el entuerto de los chiringuitos volvió a dar una nueva vuelta de tuerca para intentar cerrar este asunto de una vez. El Ayuntamiento desistió de seguir con la modificación sustancial de las concesiones para dar cabida a la ruptura de la estacionalidad de los chiringuitos y a los cambios en su Plan de Playas para introducir la ampliación de los chiringuitos. A cambio, decidió encaminar el procedimiento hacia un traspaso de la titularidad de las concesiones.

Pasó el verano y las mismas dudas volvieron a aparecer en el Ayuntamiento sobre si debía tirar hacia delante o volver a la situación inicial. Tanta fue la incertidumbre que hasta uno de los chiringuitos, el Nahu Beach, en la playa de Cortadura, tuvo que desmontar al no realizarse la tramitación a tiempo, ya que la Junta llegó a poner de plazo para la entrega de la documentación el 21 de septiembre, pero tuvo que cumplimentar todo el trámite en la última semana de noviembre.

El pasado 30 de noviembre se efectuó la transmisión de las concesiones a los siete propietarios que iniciaron este proceso, por lo que a partir de esa fecha el Ayuntamiento, por petición propia, quedaba fuera de la escena. El periodo de alegaciones se cerró sin reclamaciones, por lo que la Junta, como tramitadora de esta concesión, dio el trámite por cerrado.

A la par, los chiringuitos activaron ante Medio Ambiente la modificación sustancial de las concesiones en tres frentes: la permanencia de las instalaciones durante todo el año en las playas, el aumento de las terrazas y la ampliación de las concesiones a 30 años -de momento, sólo se mantendrán en los arenales hasta 2028, aunque podrían seguir si se dan las circunstancias para conseguir las sucesivas prórrogas-.

Es en este instante cuando vuelven a aparecer las dudas del Ayuntamiento, que presenta un escrito de alegaciones al considerar que no se ha completado el trámite de la transmisión de la titularidad de las concesiones, aunque los chiringuitos y la Junta consideran que los empresarios son los legítimos titulares. A esto se une un nuevo asunto que vuelve a poner en peligro todo lo trabajado y acordado sobre las terrazas: el PGOU.

El cambio de postura del Ayuntamiento, nuevamente, se hace visible en la figura del concejal de Urbanismo, Martín Vila. En primer lugar, se produjo un conflicto con el chiringuito Beach Club Potito, que inició obras para ocupar los 300 metros cuadrados de instalaciones que permite el Reglamento General de Costas, pero no el PGOU, que limita las instalaciones a 150 metros cuadrados. Al final, el establecimiento tuvo que volver a su situación original, pasando por medio el temporal Emma.

Tras la vuelta a la calma después de las tempestades que se sucedieron, los chiringuitos se fueron recuperando poco a poco de los daños que se produjeron por los temporales, aunque los problemas administrativos fueron incrementando. Los hosteleros cuentan con autorizaciones en precario emitidas por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta en virtud de las modificaciones sustanciales de las concesiones que se siguen tramitando. Además, la Administración autonómica había realizado una propuesta de resolución por la que desestimaba las alegaciones presentadas por el Consistorio. Un nuevo capítulo de diferencias que se veían incrementadas con la respuesta vía alegaciones por parte del Ayuntamiento.

En este punto, Vila ha sido el principal defensor público de la actuación municipal en sus comparecencias en rueda de prensa para establecer los límites a las intenciones de los chiringuitos a partir de dos puntos: el pliego de condiciones y el PGOU.

Así, la interpretación municipal, tal y como se recoge en las alegaciones, es que el PGOU sólo permite que los chiringuitos ocupen 150 metros cuadrados, mientras que los hosteleros consideran que se habla de construcción, no de las terrazas, por lo que podrían contar con los 120 metros cuadrados para los veladores que recoge el Reglamento General de Costas.

Así, el problema está en el momento en el que se redactaron las normativas, ya que la modificación del PGOU se realizó en 2012, mientras que la Ley de Costas en vigor es de 2013 y el Reglamento General de Costas de 2014, por lo que las leyes estatales son más permisivas que la municipal, al igual que sucedió con el pliego de condiciones para los chiringuitos.

Asimismo, a esta disparidad de criterios se suma que anteriormente se incluyó la ampliación de las terrazas dentro del Plan de Playas, salvándose este escollo en los veranos 2015 y 2016, no teniéndose en cuenta aquí el PGOU, lo que también ha molestado a los chiringuitos al coger fuerza este argumento, sobre todo por los cuatro expedientes sancionadores que se han realizado desde el Ayuntamiento.

Tras la reunión del pasado viernes entre el Ayuntamiento y los chiringuitos, las discrepancias entre las partes deben resolverse con una nueva carambola que permita, de una vez, cerrar una etapa polémica para la explotación de estos negocios. Por un lado, se tiene que cerrar el conflicto de la titularidad. Por el otro, limar los aspectos que aseguren la permanencia y la ampliación de las terrazas. Un trabajo en el que se necesita inventiva para no volver a dar un cambio brusco de rumbo.