"Tenemos grandes retos que enfrentar en un mundo cada vez más global y a la vez más local, que deberán ser abordados siempre con el máximo respeto a los derechos fundamentales y a los principios que caracterizan al Estado de Derecho". El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió este viernes durante el transcurso de la clausura de las Jornadas de la sección española y portuguesa de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) la relevancia de la política criminal como uno de los pilares que garantizan la seguridad y estabilidad del país. En un acto celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, que supuso la primera actividad académica presencial en la Universidad de Cádiz tras el inicio de la pandemia del coronavirus, Campo defendió que “la respuesta solo puede ser conjunta, entre los ministerios, entre las administraciones territoriales, entre los partidos políticos, sin importar el color, con la sociedad civil y como no podría ser de otro modo, con la participación fundamental de los académicos".

Campo agradeció a los expertos y al mundo académico el debate generado por la UCA y aseguró que tomará nota sobre las reflexiones realizadas en el seno de "ponencias con un alto nivel". Al hilo, se comprometió a hacer "desde el Ministerio de Justicia todo lo que esté en la mano para seguir garantizando una tutela judicial efectiva y la vigencia de los principios y valores de nuestro ordenamiento jurídico en un contexto de incertidumbre donde si algo tenemos claro es nuestra función como garantes".

Bajo el título 'La Política Criminal ante una nueva legislatura', en su intervención de clausura de las jornadas, Campo se refirió a "grandes prioridades que se están abordando de manera exhaustiva y con ánimo renovador" como la revisión del sistema de penas; la libertad sexual y la reforma de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual; el delito de maltrato animal; la reforma del delito de sedición; la ley de Enjuiciamiento Criminal; ley de Memoria Histórica o ley de muerte digna y eutanasia. Añadió que “la Justicia, al igual que el resto de servicios públicos, tiene que ser útil a la sociedad. Y somos útiles a quienes legítimamente reclaman el derecho a enterrar de manera digna a sus padres o abuelos asesinados durante la guerra civil; a quienes deben investigar o enjuiciar los delitos actuales a través de un proceso penal decimonónico cuya regulación incorpora preceptos de tres siglos diferentes". De la misma manera el titular de Justicia declaró que “somos útiles a las mujeres que ven restringida, en mayor o menor medida su libertad sexual a lo largo de su vida y somos útiles a las personas que quieren poner fin a su sufrimiento, para que un acto de amor, como es ayudar a dejar de sufrir a la persona que más quieres, no pueda ser declarado delito".

Campo subrayó el "intenso trabajo" desarrollado durante estos seis meses de Gobierno, más allá del Covid que no ha impedido el avance del proyecto Justicia2030. "Un programa de medidas ambicioso con un horizonte temporal de diez años para transformar el sistema de Justicia en un auténtico servicio público de calidad", precisó.

En el mismo acto, el rector de la UCA, Francisco Piniella, destacó que “la mejor arma de combate, el mejor dique de contención” para la democracia “son la educación y la ley”. Ambas –dijo- “constituyen poderosas herramientas para igualarnos, para evitar desequilibrios, para que todas las personas tengan las misma oportunidades, libertades y derechos”. Al mismo tiempo, precisó que el Derecho Penal es “un área de conocimiento referente en la Universidad de Cádiz, que cuenta con el magisterio, dentro y fuera de las aulas, del profesor Juan Terradillos, al que han seguido en su excelente actividad docente y científica compañeros como María Acale, impulsora y alma mater de esta jornada”.

Con anterioridad a la clausura Juan Carlos Campo firmó en el Libro de Honor de la Universidad de Cádiz, en un acto celebrado en el Rectorado.