La Cámara de Cuentas de Andalucía ha iniciado el informe de ‘Fiscalización de los contratos y convenios formalizados por el Ayuntamiento de Cádiz’ cuyo documento de directrices técnicas ha sido aprobado. La fiscalización que se va a desarrollar es de cumplimiento de legalidad de la contratación y de los convenios realizados por el Consistorio, lo que supone, según asegura la propia Cámara de Cuentas en un comunicado de prensa, una verificación independiente que trate de determinar si la entidad cumple o no, “en todos los aspectos significativos, con las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos aplicables, que se han identificado como marco legal de referencia”.

El objetivo general que se pretende alcanzar es el de emitir una opinión acerca de si las actuaciones y operaciones en el área de Contratación, una de las que ha tenido más problemas en los últimos meses, “se han desarrollado sujetándose en todos sus aspectos significativos, al marco normativo que resulta de aplicación a la entidad fiscalizada.

La Cámara de Cuentas de Andalucía asevera que el ámbito subjetivo de la fiscalización y el ejercicio que se va a estudiar es el de 2017, “sin perjuicio de los procedimientos y comprobaciones que puedan aplicarse sobre actividades anteriores o posteriores al mencionado ejercicio, si éstas incidieran de forma significativa sobre la materia realizada”.

El equipo de auditoría que se destinará para el desarrollo de este trabajo está compuesto, además de por el consejero responsable, por un coordinador del departamento de Corporaciones Locales, por un responsable técnico y una administrativa de la Cámara de Cuentas. Según informa esta institución, se estima que la presentación del primer borrador de este informe se lleve a cabo durante este mismo mes de marzo.

En la página web de la Cámara de Cuenta (www.ccuentas.es), en el apartado de actuaciones en curso, se puede encontrar toda la información a este documento de directrices técnicas.

La Cámara de Cuentas fiscaliza las cuentas de las distintas instituciones públicas y después publica unos dictámenes donde da cuenta si todo se ha hecho conforme a la normativa o ha habido irregularidades.