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El Defensor del Pueblo le ha dado una llamada de atención a la Junta de Andalucía por la deuda que mantiene con el Ayuntamiento de Cádiz en concepto de impuestos y tasas, que según el consistorios asciende a más de 3,7 millones de euros más intereses. En el informe que ha hecho después de las quejas presentadas por el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento, José Blas Fernández, dice claramente que se produce "un incumplimiento de la Ley".

El defensor llega más allá y asegura que la falta de pago determina "un privilegio injustificado" para la comunidad autónoma frente a los ciudadanos, ya que se beneficia de que puede mantener una deuda tributaria "de manera indefinida" porque no puede ser objeto de apremio "ni se dan las circunstancias para acudir al procedimiento de compensación de oficio". En otras palabras, llama la atención en el hecho de que la Junta sí puede ejercer vías de apremio y embargos contra los ciudadanos en el caso de una deuda, pero esta administración se beneficia de que no puede ser tocada.

En el informe también establece que el no pagar provoca que haya una falta de ingresos importantes para el Ayuntamiento, "afectando a su financiación, y por tanto, a la prestación de servicios y al cumplimiento de sus competencias".

El Defensor del Pueblo plantea como sugerencia que se establezcan instrucciones para que la Junta adopte los acuerdos o resoluciones necesarios para el reconocimiento de las deudas y, con ello, se pueda iniciar el pago de esta deuda.

De momento, la Junta de Andalucía ha hecho recientemente, el pasado 27 de octubre, una transferencia a cuenta a favor del ayuntamiento en concepto del pago de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), cuando hasta ahora nunca lo han hecho. José Blas Fernández, recuerda que el único que ha pagado en alguna ocasión ha sido Hipólito García cuando era delegado provincial de Empleo. Sin embargo ahora, cuando está al frente del SAS, no ocurre lo mismo.

Uno de los principales problemas en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles se centraba en el parque de viviendas públicas que ostenta la Consejería de Obras Públicas y Transportes. En este punto el Defensor del pueblo también le da un tiró de orejas a la Junta de Andalucía ya que, si bien a gran parte de la titularidad de estos pisos son de la Junta a nivel registral, se encuentran muchas de ellas totalmente amortizadas por sus inquilinos, lo que les convierte en propietarios. No obstante, en un número muy elevado está pendiente de la inscripción de la nueva titularidad en las notarías. El Defensor afirma que el responsable de esta regularización es de la Junta de Andalucía. Así, mientras que el ayuntamiento giraba los impuestos a la Junta, ésta no la pagaba porque entendía que le correspondía a los propietarios, pero a la vez no regularizaba la situación.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Cádiz deja muy claro que la Junta no sólo deja de pagar el IBI, sino que también afecta a otros conceptos como el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y tasas como los vados para los coches.

De momento, el único paso que se ha dado adelante es el inicio de negociaciones entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz que José Blas Fernández espera que lleguen a buen puerto.