CÁDIZ vive en un bucle del que parece que nunca va a salir. Los 500 millones de euros del coste del puente de la Constitución nos pesa como una losa eterna a la hora de reclamar de las administraciones la ejecución de obras comprometidas desde hace quinquenios, decenios, y cuyo olvido toca de lleno a nuestra economía a nuestro desarrollo como ciudad y a nuestra capacidad de competencia con el entorno.

Se olvidan, quienes mantienen el grifo cerrado para Cádiz, que el dinero sí fluyó, y en cantidades ingentes, a la hora de construir en otras ciudades estadios, circunvalaciones, trenes de alta velocidad, circuitos de coches, museos, paseos marítimos; el mismo dinero que a nosotros se nos negó para obras similares.

Se olvidan que Cádiz se tuvo que pagar de su bolsillo la construcción del puente Carranza, algo único en España, y que fueron nuestros los dineros para construir el Paseo Marítimo. Que tuvimos que pagar el 20% de las obras del soterramiento y que, durante décadas, hemos engordado las cuentas de los distintos ministerios de Defensa, antes de la Guerra, cuando la ciudad le compraba cuarteles, glacis y fortificaciones (para su conversión gratuita en centros culturales y universitarios) que en su día los pagamos nosotros mismos.

Se olvidan que tenemos casi que pordiosear ayudas para la recuperación de nuestro patrimonio: ahí está la Catedral, que hace tres décadas se consideró por el Estado como una de las que peor estaban conservadas y que ahora se recupera gracias a los fondos que se generan con las miles de visitas que reciben. Nos dan migajas para el Museo del Carnaval, en la capital española de esta fiesta, mientras que nos ignoran durante treinta años, y los que quedan, para completar la obra del Museo de Cádiz, mientras que Estado y Junta ponen sobre la mesa millones para centros culturales en Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén...

El bucle que nos ahoga ha vuelto a traer a la actualidad el proyecto del Hospital Regional de Cádiz. Recordemos que era una de las grandes apuestas de la Junta socialista por la ciudad, para paliar el déficit en las infraestructuras sanitarias y jubilar el viejo centro del Puerta del Mar.

Una apuesta por la que llegaron a firmar sendos convenios dos presidentes de la Junta, involucrando al Estado, al Ayuntamiento y a la Zona Franca en una operación en la que, vaya, vaya, una parte de las financiación se lograba con las plusvalías de la venta de los terrenos del Puerta del Mar: otra vez la ciudad pagando.

Sabiendo como todos sabemos después de una década que el Hospital no se ha construido, ahora estamos con las incertidumbres del gobierno de la Junta (ahora PP-Cs) sobre sí lo hará o no.

Todo indica que la nueva administración no está por la labor de construir un complejo sanitario que, todo incluido, supondría una inversión de 300 millones de euros. O por lo menos no se aclaran, pues un día lo ponen todo el duda y otro dicen que para adelante. La justificación es que desde que se planteó esta operación la Bahía cuenta con un nuevo hospital, San Carlos en San Fernando, por lo que, a pesar de que se asume las necesidades que tiene el Puerta del Mar, se considera que las necesidades médicas están cubiertas... aunque tengamos que seguir mandando a enfermos a Sevilla o Córdoba.

Tal y como están las cosas, el PP gaditano tendrá que borrar de sus archivos la foto de la pancarta "JuanmaLoHaría", con la que ilustraban, en periodo electoral, la apuesta por construir el centro sanitario en Loreto-Puntales, si finalmente el proyecto pasa a la historia.

La historia del Hospital, como no podía ser de otra forma, es un capítulo más de las piedras que Cádiz se encuentra en su camino puestas por las propias administraciones públicas. No se entiende de otra forma, pues fue el PSOE, el promotor de este proyecto, el que desde dentro dinamitó la operación. Primero desde la misma Consejería de Salud se pusieron todos los impedimentos posibles para su desarrollo, como se reconocía desde el socialismo gaditano; y después, desde dentro del mismo PSOE de Cádiz se impulsó el paso a manos de la Junta del Hospital de San Carlos en San Fernando.

La ciudad, mientras tanto, mantiene sin uso un solar inmenso y paraliza la construcción de cientos de viviendas prevista en los terrenos del Puerto del Mar.

La Junta también anda sin aclararse respecto al futuro de la Facultad de Ciencias de la Educación, otro de los compromisos electorales del PP.

Presionado por una parte de la opinión pública, la Junta viene a dejar en manos de las subvenciones europeas y de los fondos de la propia Universidad, la búsqueda de la financiación para sacar adelante un centro educativo que, no lo olvidemos, ya estaba previsto que volviese a Cadiz desde hace dos décadas.

Y como no hay dos sin tres, la Junta ha dejado claro que, por el momento, no entra en sus planes ejecutar la línea dos del tranvía metropolitano. Bastante tienen, dicen, con poner en marcha la línea entre Chiclana y Cádiz que lleva años y años en ejecución. El problema es que la línea entre la capital y Jerez atravesaba la Bahía utilizando la plataforma del segundo puente construida expresamente para ello, y que es una de las cuestiones sobre las que ha investigado en Tribunal de Cuentas.

Que no se haga esta línea incide directamente con la extensión del tranvía por una parte del casco antiguo de Cádiz, llegando hasta la misma Punta de San Felipe, como se incluye en el Plan Especial del Puerto, y a la propia urbanización de la avenida de Astilleros.

Que de nuevo se vuelva a poner sobre la mesa proyectos sobre los que se viene hablando desde hace décadas, muchos ya con los correspondientes proyectos arquitectónicos listos, junto a otros tantos que llenan el largo lista de ‘debe’ que las administraciones tienen con Cádiz, evidencia que la ciudad tiene un problema a la hora de vender sus necesidades más allá de Cortadura.

Cabe recordar cuando Teófila Martínez tuvo que explicar en Madrid, una y otra vez, qué era eso de la insularidad que le llevó a obtener una compensación millonaria cada año, de la que hoy aún disfruta el Ayuntamiento de izquierdas.

La ausencia de un lobby en Madrid y en Sevilla; la escasa fuerza, según se constata por la realidad, de nuestros representantes en los parlamentos y Senado unido al mínimo interés que parecen tener por nuestras reivindicaciones debería de llevar a la ciudadanía a reclamar, merma la fuerza de Cádiz a la hora de reclamar sus derechos más allá de Cortadura.

En Teruel se han llevado décadas lamentando la ausencia de inversiones en la ciudad y en la provincia. Tuvieron que presentarse a las elecciones generales, y ganar un escaño en el Parlamento, para hacerse oir. Será cuestión de ver si les sirve de algo y aprender de ellos.