Lucha contra el Covid CSIF alerta del retraso en la vacunación del personal penitenciario de Cádiz

  • 1.600 trabajadores penitenciarios de la provincia todavía no saben ni cuándo ni dónde van a vacunarse

Imagen de la vacunación de los mayores de 80 años en Cádiz capital

Imagen de la vacunación de los mayores de 80 años en Cádiz capital / Julio González (Cádiz)

El sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF Cádiz quiere denunciar públicamente la falta de información que sufre todo el personal de las prisiones gaditanas en relación al proceso de vacunación contra la Covid-19. Y es que, como apunta su portavoz, Ángel Luis Perea, los aproximadamente 1.600 trabajadores penitenciarios que hay en Cádiz aún no saben ni cuándo ni dónde se les va a administrar las vacunas.

Hay que recordar que todo este personal, reconocido como esencial, dentro del grupo 3 de la estrategia nacional de vacunación, debería haber recibido ya al menos la primera dosis de la vacuna, como ha ocurrido con los colectivos de docentes y cuerpos de seguridad. De hecho, hay otras provincias andaluzas que o bien ya se han vacunado o ya han recibido la cita previa del Servicio Andaluz de Salud.

Desde CSIF se considera que además de la falta de información, los trabajadores penitenciarios están sufriendo la falta de planificación, gestión o coordinación entre administraciones, al no haber recibido la cantidad suficiente de vacunas de AstraZeneca, que es la que les corresponde a este colectivo.

Para más inri, el personal mayor de 55 años, al que se le tiene que administrar la vacuna de otro fabricante (Pfizer o Moderna), tampoco tiene conocimiento de cómo se va a proceder con ellos.

“Es lamentable que, siendo personal esencial, nos encontremos en esta situación de riesgo tanto para los trabajadores, como para sus familiares y los internos de los cinco centros penitenciarios de la provincia (las tres de El Puerto, Algeciras y el CIS de Algeciras)”, apunta Perea.

Desde CSIF esperan que las administraciones resuelvan este problema lo antes posible, que supone además una discriminación y un agravio comparativo ante el resto de trabajadores de Instituciones Penitenciarias de otras provincias que no se han visto afectadas por esta falta de planificación.

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