Cádiz

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  • El Estado y la Junta tienen pendientes en Cádiz numerosos proyectos, como el parking de Adif El Ayuntamiento sólo puede presionar para su cumplimiento

El 20 de febrero de 2008, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento firmaron un convenio para culminar la reordenación de la Plaza de Sevilla. Se suponía que iba a ser el documento definitivo para completar un proyecto cuyo desarrollo se alargaba desde una década antes. Un documento que dejaba muy claro, también, las responsabilidades de cada una de las administraciones implicadas.

Tanta claridad se fue difuminando con el tiempo, a medida que la crisis recortaba la posibilidad de gasto público y la administración regional le daba un tajo al convenio acordando la protección del edificio de la Aduana.

En esa estamos ahora, cuando el Ayuntamiento ha vuelto a pedir a Adif el cierre del aparcamiento que la empresa pública gestiona junto a la estación ferroviaria y donde el Plan Plaza de Sevilla incluye la construcción de una gran zona verde a pie de la muralla. No es la primera vez que lo hace: ya pasó con el anterior gobierno de Teófila Martínez. Adif, por su parte, responde pidiendo el proyecto urbanístico y la financiación municipal de este proyecto. Sin embargo, el anexo del convenio de 2008, en la 'estipulación quinta, apartado B', indica que la ejecución del parque junto a la muralla corresponde al Ministerio de Fomento y que el Ayuntamiento debe colaborar financiando con el 10% del coste total.

Es decir, está en manos de Adif el inicio de estas obras de adecentamiento de este espacio. Se acepta la excusa de que no pueden empezar si se mantiene la estación provisional de autobuses, pero nada le impide iniciar el proceso del traslado de su aparcamiento a la amplia parcela, de su propiedad, que se ubica entre la antigua estación de 1905 y la avenida de Astilleros.

De esta forma, el Ayuntamiento de Podemos-Ganemos sí defiende los intereses de la ciudad planteando esta petición y dejando claro lo que dicen los papeles. Otra cosa es que se modifique el convenio, pero ni el Ayuntamiento ni la ciudad tienen la culpa de que el Ministerio de Fomento no provisione a la empresa pública con fondos para ejecutar esta actuación.

Lo cierto es que el nuevo gobierno municipal (ya no tanto, por cuanto se acerca a sus primeros nueve meses de gestión) se está topando con una serie de impedimentos urbanísticos de gran calado que no son de su responsabilidad, aunque acabe llevándose críticas por su paralización.

Hoy por hoy, y salvo excepciones como la del pabellón Portillo, son las administraciones central y regional las que acumulan en el 'debe' un elevado número de proyectos urbanísticos de gran calado, de esos que se consideran esenciales para la ciudad: ahí están los eternos solares donde deberían de estar ya funcionando el Hospital General, la Ciudad de la Justicia o el complejo administrativo de la Subdelegación del Gobierno; ahí están edificios vacíos como el Olivillo, Náutico, Tiempo Libre (por cierto, en este convenio se incluye el solar donde se iba a construir el albergue juvenil, cuyo proyecto fue definitivamente descartado por la Junta en 2012, algo de lo que la concejal de Juventud del Ayuntamiento parece haberse enterado ahora). En varias de estas actuaciones se está pendiente de la tramitación del cambio del Plan de Ordenación Urbana por parte del Ayuntamiento, pero no olvidemos que este ha sido siempre un proceso lento cuando ha sido necesario ejecutarlo, y que está pendiente desde el anterior gobierno local.

Que el Ayuntamiento ponga el acelerador en este proceso, especialmente en lo referido a Tiempo Libre, es necesario pero no se puede olvidar que ha sido la Junta la que ha acumulado años y décadas con todas estas actuaciones paralizadas y que ha necesitado del apoyo municipal para quitarse el muerto que de cara a la ciudadanía suponía mantener tanto equipamiento sin uso.

A la vez, el Estado además de tener pendiente casi toda la operación de la Plaza de Sevilla mantiene abandonado un inmenso solar donde antes estaba el Gobierno Civil.

Deben el Estado y la Junta asumir sus responsabilidades en todos estos proyectos y no cargar su peso sobre el Ayuntamiento, ajeno a cualquier responsabilidad en todos ellos.

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