El convenio firmado por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, con diez ayuntamientos para poner en marcha una experiencia piloto contra el acoso inmobiliario es, según cree el equipo de gobierno local gaditano, "electoralista".

El teniente de alcaldesa delegado de Vivienda y Rehabilitación, Juan José Ortiz, indicó ayer que se trataba de una medida "publicitaria" y recordó que los socialistas votaron en contra de adoptar medidas contra la especulación urbanísticas en el Parlamento Andaluz.

A través del convenio, los diez municipios (Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, La Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas) que participan en la experiencia tendrán a su servicio un teléfono gratuito (900 900 707) al que cualquier víctima del acoso inmobiliario puede llamar. La denuncia será trasladada desde el Ministerio al municipio, quien lo estudiará y buscará la asistencia social y jurídica gratuitas para el afectado. Esta experiencia piloto surge de un compromiso adquirido el pasado diciembre entre la Federación Española de Municipios y Provincias y Vivienda.

El Ayuntamiento gaditano, según explica éste, no ha sido invitado a sumarse a esta iniciativa -que ha quedado abierta a la participación de más municipios además de los diez iniciales- y dado que ve detrás una medida electoralista debido a la cercanía de los comicios generales, tampoco se muestra dispuesto a firmar ningún convenio con el Ministerio en este sentido.

El pasado año 2005, Cádiz adoptó su propio paquete de medidas contra los denominados comúnmente como asustaviejas debido a la alarma social que se estaba suscitando. En un pleno monográfico sobre el tema se aprobaron diversas iniciativas, entre las que destaca el endurecimiento de los procedimientos urbanísticos (por ejemplo, ya no es posible parar una expropiación) y la creación de un Servicio Integral de Atención Municipal al Inquilino, el SIAMI, que se ubica en un local del edificio que antes ocupaba la Jefatura de la Policía Local en el Campo del Sur. Este servicio atiende a las consultas de los inquilinos y pone a su disposición un servicio jurídico.