Cádiz

El Ayuntamiento gastó casi 130.000 euros en tasas por el Ciudad del Mar

  • La APBC le facturó más de 7.500 euros al año por un edificio sin uso desde 1993

El Ayuntamiento pagó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) unos 127.500 euros en concepto de tasas de ocupación por la concesión de los 9.400 metros cuadrados sobre los que se asienta el edificio Ciudad del Mar, en Puerto América, durante los 17 años que ha mantenido el inmueble abandonado y sin ningún tipo de uso.

La concesión se dio de alta el 1 de agosto de 1992 y la baja prevista se fecha para el 30 de junio de 2015 si antes no existe una renuncia formal por parte de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en nombre de la concesionaria del edificio.

Las concesiones portuarias pagan una tasa de ocupación y una tasa según la actividad que se desarrolle sobre el terreno que se ocupa circunstancialmente. Así las cosas, el canon anual que le correspondería pagar al Ayuntamiento por esos 9.400 metros asciende realmente a 30.284 euros al año a los que sumarían 1.226 de la tasa de actividad (servicios culturales). En total, le habría tocado pagar unos cinco millones de las antiguas pesetas al año pero al tratarse de una concesión otorgada de administración a administración, el canon se reduce de manera sustancial. La bonificación anual asciende, por ejemplo en 2010, a 23.940 euros. Gracias a este descuento, que le exime de pagar parte de la tasa de ocupación y el total de la de actividad, el Ayuntamiento sólo paga este año 7.571 euros, en dos plazos semestrales.

Por lo tanto, el edificio abandonado y en desuso desde la finalización de la Colón 92 le ha costado a día de hoy a las arcas municipales casi 130.000 euros que se habrían ahorrado si el consenso entre administraciones favorecido hace unos meses por la consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar.

Lo cierto es que la reunión y posterior firma de un convenio entre la Junta, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria el 21 de junio pasado fue realmente un borrón un cuenta nueva, tal y como planteó la propia consejera durante la rueda de prensa en la que hizo público el acuerdo alcanzado entre las tres administraciones.

Como consecuencia de aquella firma, el 21 de diciembre debe existir, según se comprometieron, de manera conjunta o no, una renuncia formal y por escrito por parte de la alcaldesa a la polémica concesión portuaria, una sociedad o una gestora y un plan de usos para el edificio. A partir de ese final de año o, como mucho, a principios de 2011, lo primero es que la sociedad convoque, por fin, un concurso del que saldrá el arquitecto o grupo de arquitectos que deberán hacer realidad ese conjunto de ideas.

Mientras tanto, al parecer, según fuentes solventes, ya se produjo hace poco tiempo una primera reunión por parte de la comisión de seguimiento del convenio firmado entre Junta, Ayuntamiento y APBC. Los tres firmantes ya acudieron a ese encuentro con un catálogo de ideas, muy genéricas, pero ideas sobre las que ya se trabaja en firme. A lo largo de septiembre, el día está aún por fijar, se debe celebrar un nuevo encuentro, que no será el último antes de ese idílico 21 de diciembre, día en el que, por fin, la ciudad podrá conocer el desenlace de esta polémica que ha mantenido abandonado de la mano de Dios a un edificio que en un futuro podría convertirse en un centro neurálgico náutico-deportivo y de ocio para toda la provincia de Cádiz.

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