Cádiz

Apoyo a trabajadoras municipales que denunciaron acoso sexual

  • Los hechos ocurrieron entre los años 2015 y 2016, y este viernes se celebró el juicio

  • Las denunciantes son seis trabajadoras de centros culturales con alguna discapacidad

Un instante de la concentración de apoyo a las seis trabajadoras, antes de comenzar el juicio. Un instante de la concentración de apoyo a las seis trabajadoras, antes de comenzar el juicio.

Un instante de la concentración de apoyo a las seis trabajadoras, antes de comenzar el juicio. / P.H.M.

Colectivos de mujeres, representantes sindicales y miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, como la delegada de Feminismos y LGTBIQ+ y Juventud, Lorena Garrón, y la delegada de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, además de la antigua concejala de la Mujer Ana Camelo, entre otras personas, se concentraron este viernes a las puertas de los juzgados del Estadio Carranza para apoyar a seis trabajadoras de centros culturales municipales que denunciaron acoso sexual por parte de un vigilante de seguridad.

Este viernes se celebró el juicio sobre este caso, que fue denunciado por las propias mujeres acosadas en el año 2016 en la comisaría de la Policía Nacional.

Una de estas trabajadoras comentó antes de comenzar el juicio que todas las denunciantes pertenecen a la empresa Global Servicios SL, que emplea a personas con discapacidad. Señaló que se trata de una subcontrata del Ayuntamiento de Cádiz y sus empleadas –que todas tienen algún grado de discapacidad– trabajan entre el Centro Reina Sofía, el Museo del Títere y el ECCO.

Los hechos denunciados se produjeron concretamente en el Centro Reina Sofía entre los años 2015 y 2016. "Este hombre, aprovechándose de nuestra discapacidad, nos acosaba sexualmente y nos amenazaba constantemente, diciéndonos que si contábamos algo nos iban a echar", relataba con la voz entrecortada esta trabajadora, que se emocionaba al recordar lo vivido.

Reconocía que al principio callaron "por miedo a perder nuestros puestos de trabajo, porque el empleo para las personas con discapacidad es muy limitado". Pero hubo un momento que no pudieron aguantar más la situación, y se unieron y denunciaron lo que estaba ocurriendo.

Dieron la voz de alarma el 18 de abril de 2016 a la gerente de la Fundación de Cultura, Carmen Montes, y ésta se puso en contacto con el jefe de la empresa de Seguridad, Prosetecnisa. Se reunieron con él el 4 de mayo, "pero no nos creyó; puso en duda todo lo que le contamos y dejó a esa persona en su puesto de trabajo", afirmaba una de las afectadas, recordando que este hombre permaneció trabajando en el mismo lugar hasta el 3 de junio, día que la empresa recibió una circular del Ayuntamiento dando la orden de apartar a ese vigilante de su puesto de trabajo en el Centro Reina Sofía, según indicó esta mujer.

Las empleadas afectadas confesaban que estos años que han estado al a espera del juicio "han sido muy duros, lo hemos pasado muy mal".

Asimismo, quisieron dejar claro que con el resto de vigilantes de seguridad tienen un trato cordial y sólo han tenido problemas con el denunciado. Añadieron que su empresa, Global Servicios, las ha apoyado siempre, "pero al principio nos encontramos muy solas porque estábamos asustadas y nos sentíamos amenazadas. No queríamos contar nada porque teníamos miedo de perder nuestro puesto de trabajo".

Tras sus declaraciones en el juzgado, aseguraron que se habían quitado "un peso grande de encima" y manifestaron su deseo de que "no se vuelvan a vulnerar los derechos de las mujeres".

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