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Cuando el periodista estorba

  • La Sociedad Interamericana de Prensa oficia en Cádiz su liturgia semestral de narrar las tropelías de los poderes fácticos y políticos contra los profesionales de los medios: violencia, coacción, presión, contrainformación

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Aún hoy no sabemos muy bien qué pasó la madrugada del 17 de junio de 2011 en el centro penitenciario El Rodeo, situado a unos 28 kilómetros de Caracas, una de las cárceles más violentas de Venezuela. Sabemos que la pelea entre dos bandas rivales derivó en motín, que Hugo Chávez envió unos 5.000 soldados a sofocar la revuelta, que éstos fueron recibidos con granadas y que, a partir de ese momento, se desató una auténtica batalla, y que las balas y las golpizas pacificaron la situación, o eso contaron los cerca de 500 medios que, de un modo u otro, controla el bolivarismo del presidente enfermo. No sabemos cuántos muertos hubo. Es de suponer que muchos. Ni lo sabemos nosotros ni los familiares de los presos. Lo que sí sabemos es que la cadena Globovisión, el único canal venezolano de noticias 24 horas, fue multado con la astronómica cifra de dos millones de dólares. El motivo, según Conatel, una comisión estatal creada para "incentivar la participación ciudadana en los procesos de telecomunicaciones", fue "la línea editorial de Globovisión y la insistencia" en las informaciones acerca de El Rodeo. En definitiva, Globovisión fue multada exclusivamente por informar.

Bien visto, dos millones de dólares no es una cifra desorbitada si se compara con los 40 millones de dólares que se quiso cobrar el presidente ecuatoriano Rafael Correa del rotativo El Universal porque un articulista, Emilio Palacio, afirmó que había sido el mismo presidente el que había ordenado disparar contra un hospital lleno de civiles. Cierto o no este dato en un artículo de opinión, la multa suponía, de facto, el cierre de El Universal. La presión internacional, con la Sociedad Interamericana de Prensa a la cabeza, hizo retroceder a Correa. Aún así, Palacio sigue exiliado.

Estas son solo un par de las decenas de historias que se pudieron escuchar ayer en el Palacio de Congresos de Cádiz en la liturgia semestral de la SIP, que consiste en que un editor de cada uno de los países en los que está presente la asociación eleva un detallado informe de las mordazas del último medio año. Hay informes muy cortos, como los de los países en los que la libertad de expresión es un hecho, una victoria; otros incompletos, como los de Cuba, porque es imposible saber qué sucede en un país donde directamente la libertad de expresión no existe; y hay otros informes muy largos, como los de Venezuela, México o Argentina. Un informe largo es muy mala señal. Y el de México siempre se sabe que será muy largo porque es un lúgubre listado de nombres de periodistas muertos por las balas del 'narco'.

En la reunión de Cádiz había especial preocupación por Venezuela. Giberto Urdaneta fue el encargado del informe, pero inquietó especialmente la intervención de Asdrúbal Aguiar, del periódico El Impulso. "No quisiera ser profeta del desastre, pero ya dije en 2002 hacia dónde se encaminaba Venezuela. Hemos pasado de 4.500 crímenes al año a 19.000. No interesa que se hable de ellos. El tema del narcotráfico no se toca, pese a que hay implicados importantes militares, pero los profesionales reconocen que no lo tocan porque no quieren vivir lo que está viviendo en México. Sin embargo, ese es el panorama que nos espera".

Ante esta dramática reflexión, la narración de Verónica Lyndon, del Washington Post, de los forcejeos entre los poderes y las grandes cabeceras por sacar a la luz los secretos revelados por Wikileaks en las guerras de Afganistán e Iraq casi son anécdotas.

La preocupación de Ricardo Trotti, coordinador de los trabajos de la comisión de libertad de información de la SIP y autor de un blog, Prensa y Expresión, que es una de las grandes ventanas a cómo funcionan las cosas en el mundo de la comunicación, es que los puntos calientes están en Argentina, Venezuela, Ecuador o Nicaragua, donde la libertad de expresión se acalla concentrando medios en manos del gobierno. Al tiempo, están aprobadas o a punto de ser aprobadas legislaciones que consagran la censura previa en aras de "la veracidad". En Perú, por ejemplo, se quiere penalizar la información conseguida ilegalmente.

Esto es peligroso: ¿qué información se ha conseguido ilegalmente? ¿Lo es no revelar la fuente, como le ha sucedido a una periodista de la cadena SER en España, imputada ante la insistencia del vicepresidente de la Comunidad de Madrid? De momento, Hugo Chávez ha sido muy original, según reveló Urdaneta, al prohibir sin prohibir cualquier información sobre supuestas aguas contaminadas en el país. Los medios pueden informar de ello siempre que cuenten con un informe científico que lo avale. El resto es alarma social y la alarma social está prohibida. Que los poderes comprueben previamente la veracidad de la noticia que va a publicar un medio equivale, de facto, a la censura previa que abolió hace 200 años la Constitución de Cádiz.

Al cierre de la sesión, tomó la palabra el editor y periodista uruguayo Danielo Arbilla para pedir que al final del informe se incluyera el uso de la publicidad institucional como modo de control de los medios, ya sea por presencia o por ausencia. "Es efectivo y quizá los lectores entiendan esta queja como que mendigamos publicidad, pero no es eso. El uso de la publicidad institucional como método de control es corrupción, es usar dinero público para enriquecer a unos y hundir a otros". En España esto nos suena.

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