La validez de las diputaciones, que cumplen 200 años desde su creación, si bien sería necesario reestructurarlas en diferentes aspectos, fue la conclusión de la jornada "Bicentenario de las Diputaciones Provinciales", que la Fundación Democracia y Gobierno Local celebró ayer en el Palacio Provincial y que fue clausurado por el presidente de la institución gaditana, José Loaiza.

El debate sobre "Las Diputaciones Provinciales 200 años después. Perspectivas de futuro", que moderó Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife, de Coalición Canaria, fue el que reunió a representantes de diferentes diputaciones y color político, concretamente Carles Rossinyol(Convergencia i Unió), de la Diputación de Barcelona; Diego Calvo (PP), presidente de la de La Coruña, y Valentín Cortes (PSOE) de la de Badajoz.

El diputado catalán fue el que inició las intervenciones aludiendo a que en España existen 8.110 municipios, de ellos 6.852 con menos de 5.000 habitantes, a los que es imposible asumir todas sus competencias, por lo que están llamados a desaparecer o que una administración de segundo grado supla esa imposibilidad, que podían ser las diputaciones, si bien habría que decidir si tendrían poder político o sólo convertirse en un instrumento de gestión. También demandó vincular competencias con recursos, para evitar endeudamiento como los actuales, que impiden salir de la crisis.

Diego Calvo le siguió en el uso de la palabra y, tras recordar que Cádiz y La Coruña están hermanadas, dijo que ya había hablado con los 98 alcaldes de la provincia sobre la prestación de servicios, que prestan a nueve, mientras que dos iniciarán en agosto un principio de fusión, al que cree que se unirán más. Luego destacó que las diputaciones deben de estar al servicio de los ayuntamientos para conseguir la felicidad de los vecinos, como dice el artículo 13 de la Constitución de Cádiz.

Por su parte, Valentín Cortés, destacó que eran los propios ayuntamientos los que debían de recorrer el camino hacia una posible función, que está contemplada en la legislación. Asimismo aludió a una necesaria reestructuración de las diputaciones, señalando que su principal cometido es que los ayuntamientos reciban los servicios básicos, como administración intermedia, no intermediaria, sin menoscabo de la autonomía local.

De la Diputación que preside destacó que se caracteriza por la eficiencia de la economía de escala, para resaltar que los últimos cinco presupuestos han sido aprobados por unanimidad de los grupos de PSOE y PP.

Con anterioridad al panel político, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, Santiago Muñoz Machado, y el secretario general de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, Enrique Orduña, explicaron la evolución de las diputaciones, las provincias y la administración local en el ordenamiento jurídico español, incidiendo en la Constitución de Cádiz de 1812.

En la clausura, tras la intervención de Josep Llobet, vicepresidente 3º de la Diputación de Barcelona y representantes de la entidad organizadora, tomó la palabra José Loaiza que afirmó que "en la actual coyuntura de adversidades económicas, las diputaciones tienen que ser parte de la solución", añadiendo que "no sobran diputaciones sino malos gobiernos".

Después abogó por la supresión de duplicidades "que perjudican la prestación de servicios básicos y disparan el gasto" y reivindicó en el seno de las diputaciones "gobiernos eficientes y financiación suficiente".

Por último reclamó un reparto racional de las competencias públicas para no ocasionar desajustes como el que se produce en la aplicación de la Ley de Dependencia, que señaló que debe transferir la Junta de Andalucía.

Estuvieron presentes la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez; el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre y representantes de las diputaciones de Barcelona, León, Badajoz y La Coruña, además del Cabildo de Tenerife.