La Declaración de Cádiz, aprobada ayer por los mandatarios de América Latina, España y Portugal considera necesario que este foro mantenga "una presencia relevante en la agenda internacional" y aprovechar "las oportunidades que ofrecen nuestros vínculos con otras áreas del mundo". 

Con un marcado carácter económico, el documento, gira en torno a seis ejes fundamentales. 

Por ejemplo, el desarrollo económico al servicio de los ciudadanos; el desarrollo de infraestructuras en transporte, telecomunicaciones, energía y el uso sostenible del agua. También la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas para incrementar la productividad y la competitividad, además del estímulo a los procesos de innovación; el fortalecimiento de las instituciones; la educación y el impulso al espacio cultural iberoamericano y a la "creación de trabajo decente". 

Para facilitar estos objetivos, la Declaración propone "promover políticas de crecimiento incluyente, además de políticas de desarrollo sostenible y medioambientales. Impulsar el comercio con un acuerdo "ambicioso, integral y equilibrado de las negociaciones de la ronda de Doha de la OMC" así como impulsar políticas que favorezcan su vertiente internacional, con acuerdos comerciales "orientados a evitar el proteccionismo y a reducir medidas que distorsionan y obstaculizan el comercio" son otras de las propuestas de la Declaración. 

Respalda asimismo potenciar los mercados regionales para promover la integración económica, y políticas contracíclicas. 

También se pronuncia a favor de que la comunidad iberoamérica participe activamente en el debate sobre la necesidad de una "reforma y fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional", que promueva "mayor estabilidad en los sistemas financieros, políticas de regulación, acceso a recursos financieros y crecimiento económico". 

Defiende "fortalecer reglas claras, estables y previsibles que ayuden a promover las inversiones productivas nacionales y extranjeras, de cuerdo con las leyes de cada país", en alusión a una mayor seguridad jurídica. 

El documento rechaza "las políticas cambiarias que puedan tener potenciales efectos negativos sobre el comercio internacional" y pide "administrar con mayor rigor el ingreso de flujos de capital para evitar la sobrevaluación de las monedas locales". Recomienda además "diversificar la estructura productiva para disminuir la dependencia" de la exportación de materias primas y "reducir la vulnerabilidad externa de nuestras economías". Los mandatarios se pronuncian por impulsar el comercio internacional de servicios y el desarrollo de infraestructuras, favoreciendo la interconectividad territorial que potencia el flujo del comercio y el turismo, y favorece a las comunidades más aisladas. 

El documento rinde homenaje a la primera Constitución española promulgada hace 200 años en la ciudad que ha albergado esta cumbre.