El presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó el viernes el estado de sitio para detener la violencia en la región de Pando a pesar de haber instalado el diálogo con la oposición en el marco de un clima de beligerancia política que dejó al menos ocho muertos y un centenar de heridos.

La medida, que restringe las libertades constitucionales, fue adoptada tras vivir la norteña provincia de Pando una jornada de terror con saqueos a comercios, domicilios y entidades públicas por parte de grupos opositores y sicarios de nacionalidad brasileña, según las autoridades.

Los episodios de violencia acontecieron un día después de que grupos violentos, entre ellos sicarios brasileños, tendieran una emboscada a campesinos afines al Gobierno matando a ocho, según versiones de prensa.

El ministro de Interior, Alfredo Rada, dijo que en esta "verdadera situación de masacre" intervinieron empleados del prefecto derechista Leopoldo Fernández, un hacendado y ex congresista, al que muchos medios y el Gobierno responsabilizan de las muertes que algunos medios elevan a 14 y 16. "Cada hora que pasa los medios de comunicación informan de un número creciente de víctimas. A los cadáveres que están en la morgue se van sumando cada vez más que son encontrados en el monte y el río", señaló Rada.

En medio de la violencia, el jefe de Estado boliviano aseguró que "seguirá apostando por el diálogo (...) pese a la provocación" que, según su Gobierno, impulsan prefectos y líderes civiles de cinco de los nueve departamentos, donde se registran duras protestas.

El Gobierno abrió el viernes las puertas del diálogo con el prefecto opositor de Tarija, Mario Cossío, en representación de sus colegas de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, que inició contactos en el palacio presidencial de La Paz con la idea de desactivar la crisis política y la violencia.

"Lo primero es pacificar el país, esta es la primera tarea que vamos a plantear al presidente y esperamos coincidir con él", dijo Cossío antes de comenzar la cita.

La crisis política en Bolivia se profundizó por las irreconciliaes visiones de país que por un lado impulsa el oficialismo con un proyecto constitucional de corte estatista e indígena y por otro la oposición, que respalda la formación de gobiernos autónomos de cuño liberal.

Varios países latinoamericanos y representantes de organizaciones multilaterales como la OEA, ONU y UE han pedido a oficialistas y opositores una tregua y la necesidad de un diálogo.