La Junta de Andalucía ha detectado hasta el momento 70 posibles irregularidades en 35 expedientes de regulación de empleo (ERE) analizados desde 2001 hasta la actualidad. Estas supuestas prejubilaciones falsas sobre las que sospecha la Consejería de Empleo y que serán remitidas a la juez que lleva el caso afectan a 19 empresas.

La investigación de la Consejería de Empleo, en paralelo a la judicial, ya detectó en un primer barrido 37 intrusos en 30 expedientes de los 45 que, en principio, se preveía analizar, al ser ERE "vivos", es decir, de los que aún se pagan a ex trabajadores.

Pero cuando se esperaba, como afirmó la propia Junta, que esta semana se cerrase la investigación interna y se diese a conocer una nueva cifra de intrusos de los 15 ERE restantes, las indagaciones han pasado a encontrarse en el ecuador, ya que ahora la Junta cifra en 70 los ERE "vivos", de los que ha analizado esos 35. La razón: se incluirán a las empresas auxiliares. Estos datos se extraen de las intervenciones ayer del consejero de Empleo, Manuel Recio, en  una improvisada comparencia parlamentaria y una no menos confusa rueda de prensa posterior en la sede de la Consejería.

Recio desveló a primera hora de la mañana desde la tribuna del Parlamento que la Junta había detectado 32 "nuevas discordancias" -luego corregidas a 33- para llegar en suma hasta los 70 tras analizar 35 ERE, es decir, sólo cinco más de los investigados hace un mes.  El consejero afeó al PP que "confunda la parte con el todo", porque de la investigación a 1.569 trabajadores, "1.499 estaban en una situación clara y 70 en presunta discordancia, es decir, el 0,04%", cifra que le bailó, ya que el porcentaje con calculadora es de un 4,4%.

Aunque el número de ERE ya analizados por la Consejería de Empleo se encuentre a la mitad de la actualizada previsión, el balance no se corresponde con el número de trabajadores, ya que esos 1.569 representan el 25,7% de las 6.096 personas que reciben estas ayudas. Se intuye que aún quedan por analizar los ERE de empresas con mayor número de trabajadores, pero el consejero no facilitó en qué empresas han sido identificados los nuevos intrusos pese a la insistencia de los periodistas, escudándose en un secreto de sumario que, por cierto, no existe. La juez Mercedes Alaya levantó el secreto de sumario al conocerse la declaración policial a principios de febrero, aunque puede haber silencio de las partes. Sin embargo, según pudo conocer esta redacción de fuentes de la investigación, cuatro de los nuevos intrusos procederían de los ERE de Mercasevilla.

Unas declaraciones ayer a un medio de comunicación de quien manejó esta bolsa de dinero de 2000 a 2008, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, -a quien la Junta pone como techo en la depuración de responsabilidades- motivó otro error en términos judiciales, en el que también incurrió el presidente Griñán. Ambos responsables criticaron que el PP dé más credibilidad a un "imputado", en referencia a Guerrero, que a las personas que en la actualidad ostentan los cargos de responsabilidad en la Junta. Guerrero no está imputado; sólo se le ha tomado declaración.

Fue casi la única alusión personal de la jornada, ya que Recio esquivó todas las preguntas que hacían referencia a "temas particulares", preguntado por supuestas implicaciones como la de los ex consejeros José Antonio Viera  y Antonio Fernández. Entre las escasas contribuciones a las preguntas de los periodistas, Recio acertó a fechar algunos de los intrusos detectados a partir de 2008, justo cuando Guerrero dejó el cargo. Sin embargo, no afinó si estas irregularidades pertenecen a una fecha anterior o posterior a abril, mes en el que Guerrero cesó.

En el debe de la Junta también se quedó si hay ex altos cargos o militantes socialistas entre los implicados. En el capítulo de novedades, Recio aseguró que cuando se concluya la investigación sobre los ERE "vivos", se estudiarán los ERE "muertos" en la medidas de las posibilidades. También que Empleo enviará a la juez el listado de receptores de los fondos destinados a empresas en crisis, entre los cuales se ha conocido que figuran 13 ayuntamientos con proyectos tan dispares como un centro ecuestre o una residencia. Recio señaló que se remitirá esta información para evitar "especulaciones" y precisó que de los 647 millones que contó este fondo entre 2001 y 2010 los ayuntamientos sólo recibieron 3,3 millones.

El consejero volvió a destacar la labor proactiva de la Junta, aseguró que "se recuperará hasta el último céntimo" y defendió a los ex consejeros frente a la "caza de socialistas" del PP, cuyos diputados preguntaron hasta en ocho ocasiones por el caso en el Parlamento. El PP reclamó la dimisión de Recio por "encubridor".