El Gobierno andaluz mostró ayer su total disposición a poner bajo la lupa de la Cámara de Cuentas las ayudas que está concediendo a las empresas dedicadas a impartir cursos de formación para desempleados. Ésta fue la mejor fórmula que encontró el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para repeler en el Parlamento los ataques del PP ante la tormenta política desatada tras la dimisión del número dos del PSOE y parlamentario por Córdoba, Rafael Velasco, a cuenta de las subvenciones por importe de 726.209 euros recibidas por la empresa de su mujer, dedicada a este tipo cursos.

Este ofrecimiento de Griñán responde a un intento por frenar la estrategia popular de sembrar "sospechas", que para el PP son "hechos", y que van más allá del caso Velasco. Están convencidos de que no es algo aislado, sino que hay más. Hasta puede que una red. Y que de ser así debería pasar por una comisión de investigación, como sugirió su presidente regional, Javier Arenas. Por eso, más que un ofrecimiento lo que Griñán lanzó fue un reto, en un intento de defender la transparencia que asegura hay en este y cualquier otro proceso de concesión de este tipo de ayudas. Tan es así que invitó al PP a someter a fiscalización "el ejercicio que quiera y cuando quiera".

La seguridad del presidente andaluz en torno al caso Velasco se ampara en la información que obra en poder de la Consejería de Empleo, cuyo titular, Manuel Recio, defendió a capa y espada que prueba que no hay "ninguna irregularidad". Desde los criterios aplicados a las cantidades asignadas, pasando por la cualificación del profesorado, entre el que se encuentra un hermano del propio Velasco -es titulado superior-.

La única pega en todo el proceso está en la publicación en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) de una ayuda a la que concurrió esta empresa, Aulacen Cinco -por importe de 41.296 euros-, y que apareció por un "fallo", según Recio, en una convocatoria para entidades sin ánimo de lucro, cuando se trataba de una subvención a una empresa "normal" -esta es una sociedad limitada-.

Según datos de Empleo, la cantidad recibida por Aulacen Cinco fue 726.209 euros en los últimos cuatro años. Una cifra que equivale al 0,64% de las ayudas que se dieron en ese periodo a todas las empresas con esta actividad de la provincia de Córdoba. Esta suma, además, se ajusta a los criterios técnicos que se aplican para su concesión, valorándose tanto la idoneidad de las instalaciones, el material, personal y método docente, el coste del curso por alumno -5,5 euros, frente a 13 fijados como máximo para estas acciones formativas- y en especial el alto grado de inserción de los asistentes, que supera la media con un 57% -en algunos cursos llegó al 90% de inserción genérica y un 57.15% de inserción específica-.

Salvo este error del BOJA sin importancia para el Gobierno andaluz, Recio apreció que no hay resquicio para la sospecha, más aún cuando él supo de la relación de esta empresa con la mujer de Velasco "por la prensa" y que, por tanto, no hubo pie a que ejerciera influencia de ningún tipo. Ante la posibilidad de que las acusaciones pudieran remontarse a antes de su llegada a la Consejería, eximió a su antecesor en el cargo, Antonio Fernando, de cualquier tipo de anomalía en la gestión de las ayudas.

Por si no fueran suficientes para los populares estas explicaciones, el acceso a todos los documentos que soliciten o la puerta abierta a la intervención de la Cámara de Cuentas, Recio les invitó a que acudan a los tribunales, en lugar de insistir en una "cacería" basada en la "calumnia y en la injuria" contra alguien, Rafael Velasco, al que consideró una persona y un socialista "admirable".