España vuelve a ponerse el crespón negro cuando se cumplen diez años del peor atentado de su historia: el 11-M murieron 192 personas y más de 1.800 resultaron heridas al explotar una decena de bombas en trenes suburbanos de Madrid. 

Las víctimas recordarán este martes 11 de marzo uno de los días más negros para el país. Y lo harán, por primera vez desde 2007, participando de forma conjunta en un funeral de Estado que se celebrará en la catedral de la Almudena de Madrid y que será presidido por los reyes de España. 

Pero cada una de las tres asociaciones de víctimas celebrará la efeméride de forma separada, como en años anteriores, exponiendo de nuevo las diferencias que les separan y que se extrapolan a una sociedad todavía dividida por la autoría de aquellas bombas atribuidas a un grupo yihadista. 

Han pasado 10 años, pero Madrid no olvida aquel 11 de marzo de 2004 en el que la ciudad despertó a las 07:37 horas con una oleada de explosiones en un tren que arribaba a la céntrica estación de Atocha. 

Solo un minuto más tarde, otras tres bombas estallaron en trenes que circulaban en los extrarradios y provocaron el pánico y el caos. La red de transporte se bloqueó, las líneas telefónicas se colapsaron y los taxis tuvieron que ejercer de ambulancias ante la desbordante cifra de heridos. 

Los servicios de emergencias desplegaron una operación similar a la de las grandes catástrofes, paralizando una ciudad que pasó en horas de los gritos de rabia y dolor al silencio del luto. 

Pero el 11-M irrumpió también en la vida política del país. Tuvo lugar solo tres días antes de unas elecciones generales y dio un vuelco a sus resultados: en contra de los pronósticos de las encuestas previas a los atentados, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero venció a Mariano Rajoy, relevo del PP del entonces presidente, José María Aznar. 

Una parte del electorado castigó a este último tras acusarle de mentir sobre la autoría de los atentados. El mismo 11 de marzo, el Ejecutivo atribuyó los artefactos a ETA. Mantuvo dicha tesis incluso después de hallarse indicios que apuntaban a una autoría yihadista, mientras algunos medios internacionales empezaban ya a señalar a Al Qaeda y la propia izquierda independentista vasca negaba la implicación de ETA. 

Al día siguiente, una oleada humana, una de las mayores en la democracia española, recorrió el centro de Madrid en rechazo a los atentados, con unos ciudadanos todavía consternados y sin una idea clara de lo ocurrido: pancartas contra ETA se mezclaron aquel día con gritos de condena a Al Qaeda. 

En la jornada de reflexión previa a los comicios, miles de personas acusaron a Aznar frente a las sedes del Partido Popular de mentir por miedo a una debacle en las urnas. Una parte de la población vio en su polémica decisión de involucrar a España en la guerra de Irak en 2003 la causa de los atentados. 

Se abrió así una brecha todavía vigente en la sociedad española: la izquierda culpó de las bombas al gobierno de Aznar por su incursión en Irak, mientras la derecha no perdonó la victoria electoral de los socialistas. 

Las primeras palabras de Zapatero tras conocer los resultados aquella noche de comicios fueron para las víctimas: "En este momento, pienso en las vidas rotas el jueves por el terror", dijo en la madrileña sede del Partido Socialista ante cientos de congregados. 

Hablar de aquellas elecciones desvinculadas del 11-M es imposible. Hasta tal punto de que poco después proliferaron las llamadas teorías de la conspiración, sostenidas por medios y colectivos afines a la derecha que relacionan a ETA –e incluso al Partido Socialista– con los atentados y el vuelco electoral. 

En 2007, tras un esperado y polémico juicio, la Justicia española dictó sentencia: condenó a 21 personas a penas de entre tres y más de 42.000 años de prisión por los atentados. Pero no se pudo juzgar a siete de los terroristas que colocaron las bombas porque se inmolaron tres semanas después del atentado, al ser rodeados por la policía. 

En segunda instancia quedaron 18 condenados. De ellos, ocho han salido ya de prisión y un noveno, Rafah Zouhier, lo hace esta semana. 

Mientras tanto, algunas víctimas insisten en seguir investigando. "Queremos conocer la verdad", dice la parte más cercana al PP. "La verdad es la que está escrita en la sentencia", sostiene otra de las asociaciones, que acata la decisión judicial.