"Si en el Congreso existiese el escaño 110, alguien de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca podría haber tomado la palabra en el Pleno. Cuando creamos esa figura, lo hicimos a partir de una reflexión política que también está en la calle: hay que abrir cauces de participación a la ciudadanía. Andalucía ha marcado una pauta que repetirán otros parlamentos autonómicos".

Manuel Gracia (Peñarroya-Pueblo Nuevo, 1946) es un político valiente. Su cargo, la Presidencia del Parlamento andaluz, no es una burbuja impenetrable. Es consciente del problema que arrostra la política y de la exigencia que se mueve en la sociedad. Conoce los ejemplos de otros países pioneros en la democracia directa o participativa, adjudicándoles virtudes y defectos como a cualquier otro invento humano. Y lanza un mensaje claro: el modelo español debe mejorar, reconvirtiéndose en un entramado institucional menos estanco, más poroso.

-Pero me concederá que el escaño 110 es apenas una muestra de buena voluntad política.

-Hay que complementar la democracia representativa con instrumentos de democracia directa. Necesitamos más pasos en esa dirección. Por eso planteé en mi discurso del último 28-F la posibilidad de que los ciudadanos presenten enmiendas a los proyectos legislativos del Parlamento. Aún espero una respuesta de los partidos.

-Sinceramente, sigue pareciendo poco.

-Yo no hablo sólo de mecanismos de intervención en el proceso de elaboración de las leyes sino también de ahondar en la transparencia, y no sólo referida a lo que un diputado gana o al patrimonio que acumula (ahí ya se han producido avances), sino a la rendición de cuentas que deben a sus electores. La gente tiene derecho a saber en qué consiste su actividad parlamentaria, qué iniciativas presenta a lo largo de la legislatura, qué vota, cuántas veces asiste o deja de asistir.

-Esa reflexión evoca una cultura política de raíz anglosajona cuya esencia es la indisciplina de voto o, dicho de otra manera, el compromiso que cada diputado asume no necesariamente con sus siglas sino en primera instancia con sus votantes. Hemos visto a más de un tory soliviantar a David Cameron. Por no hablar de las dinámicas del Senado o la Cámara de Representantes en EEUU.

-Nuestra raíz en ese ámbito es latina y está mucho más basada en la unidad, pero no estoy en contra de ese planteamiento. La prioridad es singularizar la actividad del diputado. Y desbloquear las listas electorales. Incluso crear circunscripciones más reducidas para que el votante identifique, conozca más fácilmente a los candidatos.

-El caso islandés es único en el mundo. Con 331.000 habitantes, tras ser rescatada, la isla decidió reinventarse desde la democracia directa. La nueva Constitución se nutrió de las aportaciones de los internautas. Además, en un doble referéndum, la población decidió bloquear el pago de la deuda de la banca.

-Y pudieron hacerlo precisamente por eso: porque son un país pequeño y manejable.

-¿Establece alguna línea roja en esta redefinición del modelo hacia la que aparente y tímidamente caminan Andalucía y España?

-Todos los instrumentos de democracia directa que se decida crear -y ya sabemos que son múltiples, a veces complejos y no siempre efectivos-, tienen en mi opinión un solo límite: el derecho de voto.

-¿Por qué?

-Porque la Constitución establece claramente que el pueblo delega ese derecho en las Cortes y los parlamentos. California [en bancarrota] demuestra que no se puede hacer demagogia con la democracia directa. En Suiza funciona mejor, pero de nuevo volvemos a la cuestión del tamaño: los cantones engloban a pequeños porcentajes de población.

-Le pongo otro ejemplo: Rio Grande do Sul, en Brasil. Democracia digital, como en Islandia. Los electores imponen al Gobierno estatal debates o problemáticas sobre los que obligatoriamente tienen que pronunciarse. Pero eso presupone que todo el mundo tiene acceso a internet. Y que las oportunidades que brinda el sistema se conocen.

-Obviamente, una tarea pendiente de la política es inducir a la población a participar, porque muchos ciudadanos ni siquiera saben que existe esa oportunidad. La virtud de la iniciativa legislativa popular sobre los desahucios es que gracias a su gran impacto mediático muchas personas han descubierto que existe ese cauce jurídico para hacer llegar sensibilidades que están en la calle al político.

Inciso: el escaño 110 no se ha utilizado todavía. Ningún miembro de ningún colectivo promotor ha subido a la tribuna de oradores del Parlamento autonómico. Aunque es la fórmula más innovadora, no es la única. Las reglas de juego andaluzas permiten: 1. Preguntas de iniciativa ciudadana, que autorizan a cualquier residente o persona jurídica establecida en la región a dirigirse al Consejo de Gobierno o a cualquiera de sus miembros para obtener una respuesta oral, pero siempre que un diputado asuma dicha pregunta. 2. Participación de los sectores afectados por una norma en curso, siempre que lo propongan los diputados y grupos parlamentarios. 3. Convocatorias a cargo de la Junta o los entes locales -y en el ámbito de sus competencias exclusivas- de audiencias públicas, encuestas y cualquier otro foro de participación, con la excepción del referéndum.

-Ni siquiera IU propone un modelo integral de democracia directa.

-Realmente, un modelo híbrido es más razonable. Convertir el sistema político en un sistema de carácter asambleario sólo es manejable en núcleos poblacionales muy pequeños, en el ámbito de determinados municipios o países, pero nunca con circunscripciones del tamaño de las nuestras. Existe un problema en la democracia representativa, dudo que algún político sea ajeno a esa convicción, y por eso tenemos que arriesgarnos a buscar fórmulas nuevas. Pero la base del sistema representativo es hoy por hoy insustituible. El modelo que surgió de la Transición dio mucho protagonismo a los partidos porque habían estado prohibidos. Ahora deben abrirse.