El Gobierno la está matando y la Junta no es capaz de insuflarle esperanzas. Ése es el estado de la ley de dependencia, de nuevo en el disparadero de los políticos tras el anuncio de un nuevo recorte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuyo Ministerio de Sanidad y Política Social aseguró ayer que ya estaba anunciado. El Gobierno habría trasladado a Bruselas unas medidas con las que "ahorraría" 1.100 millones de euros y que, según dijo, ya había puesto en conocimiento de las comunidades en 2012: serían la reducción del 15% de la prestación a cuidado familiar, la eliminación del pago de cuotas de la seguridad social de cuidadores familiares, priorizar las prestaciones a servicios profesionales y la fijación del copago del ciudadano en un 5%.

Ésta última desató ayer la reacción airada de los contrincantes políticos. A pesar de que la Junta tiene paralizada la entrada de nuevos beneficiarios, según denuncian diversas instituciones, la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, aseguró ayer en Granada que las decisiones del Gobierno obligarán a "ralentizar" la entrada de nuevos dependientes. "Si el Estado se retira de la dependencia, la dependencia no tiene futuro", aseguró Montero.

Otros dirigentes de la Junta y el PSOE se apresuraron a criticar esta medida. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, advirtió que "se está dejando caer un derecho".