La UCO detiene al presidente de la Diputación de Almería y del PP provincial
La Guardia Civil ha arrestado ya a siete personas, entre ellos también el vicepresidente de la Diputación, en una operación relacionada con presuntas irregularidades en contratos públicos vinculados al caso Mascarillas
La Junta de Andalucía garantiza "máxima colaboración" con la Justicia tras la detención del presidente de la Diputación de Almería
La Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP); al vicepresidente Fernando Giménez (PP) y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), en el marco de una operación policial desarrollada desde primera hora de la mañana. Los arrestos se han producido mientras agentes llevaban a cabo registros en diversos domicilios y en sedes de la institución provincial almeriense.
El Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha confirmado la detención de siete personas y la realización de diez registros en una segunda fase de la investigación iniciada en 2021 por la presunta compra fraudulenta de mascarillas, que alcanza ahora a varios contratos de la Diputación almeriense, y en la que han sido arrestados el presidente y el vicepresidente de la institución, del PP.
Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), además, han sido arrestados otros cuatro investigados cuyo nombre no ha sido facilitado por el tribunal, aunque fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han señalado que uno de ellos es un técnico de Obras Públicas y otro el hijo del alcalde de Fines.
La trama principal busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales mediante la adjudicación de un contrato de material sanitario por valor de 2.036.186,24 euros mediante un procedimiento de urgencia realizado en abril de 2020, ya que el coste del mismo hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros y se observan indicios de posibles mordidas.
Antecedentes del caso Mascarillas y su posible relación
El denominado caso Mascarillas investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato valorado en 2,03 millones de euros para el suministro de material sanitario durante la pandemia de COVID-19. Precisamente este mes de junio de 2025, el PSOE había solicitado la comparecencia de Javier Aureliano García como testigo en su calidad de máximo responsable institucional y firmante del contrato objeto de investigación.
La petición de los socialistas, que ejercen la acusación popular en este procedimiento, se fundamentaba en "la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados" y en nuevos datos recogidos en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) fechado el 25 de abril. El objetivo declarado era esclarecer cuándo y cómo tuvo conocimiento el presidente provincial de las negociaciones y adjudicaciones bajo sospecha, así como determinar si existían indicios compatibles con diversos delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude o negociaciones prohibidas.
En el mismo escrito, el PSOE solicitaba que la Diputación aportase información detallada sobre los asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, incluyendo sus funciones y adscripciones, así como la identificación específica de aquellos asignados a las áreas dirigidas por Óscar Liria, también investigado, y Fernando Giménez.
Las comunicaciones del grupo Naranjito bajo escrutinio judicial
Un elemento que ha cobrado especial relevancia en la investigación es la existencia de un grupo de mensajería denominado 'Naranjito', donde presuntamente Javier Aureliano García intercambió mensajes con Liria y Giménez sobre los contratos investigados. Según recoge el documento presentado por el PSOE, en uno de estos mensajes se podía leer textualmente: "Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!".
La acusación popular sostenía que estas comunicaciones evidenciaban "un conocimiento directo de los hechos" por parte del presidente provincial, motivo por el cual habían solicitado su incorporación íntegra a la causa judicial. Este tipo de mensajes podrían constituir elementos probatorios sobre el grado de conocimiento e implicación de los diferentes cargos públicos en las presuntas irregularidades investigadas.
La cronología de los acontecimientos resulta significativa, ya que las detenciones se producen poco después de que el PSOE intensificara sus peticiones para ampliar el alcance de la investigación judicial, solicitando específicamente la declaración del presidente provincial que ahora ha sido detenido.
Implicaciones políticas para la Diputación de Almería
Las detenciones suponen un terremoto político para la institución provincial almeriense, gobernada por el Partido Popular. La ausencia simultánea de su presidente y vicepresidente plantea serios interrogantes sobre el funcionamiento inmediato de la Diputación y sobre quién asumirá temporalmente las responsabilidades de gobierno mientras se aclara la situación judicial de los detenidos.
Fuentes consultadas indican que la investigación podría extenderse a otros contratos públicos adjudicados por la Diputación, más allá del caso de las mascarillas, lo que podría ampliar el alcance de las pesquisas. Las autoridades judiciales deberán determinar en las próximas horas la situación procesal de los detenidos, decidiendo si procede su puesta en libertad o su presentación ante el juez instructor para tomar declaración.
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