Andalucía continúa a la cabeza en consumo de tabaco de contrabando a nivel nacional, con un 45,6% de productos del sector fuera del circuito legal, es decir, adquirido en estancos y máquinas expendedoras autorizadas. El dato se deriva de la última actualización semestral de un informe realizado por la consultora Ipsos y que se refiere a datos del mes de octubre de 2014.

El resultado del estudio supone un aumento de cinco puntos porcentuales respecto a la medición de abril del año pasado (40,1%), pero el varapalo es mayor si se comparan con el registro correspondiente a octubre de 2013, cuando la venta de tabaco no gravado con impuestos alcanzó el 38,3% en la comunidad. Además, la cifra andaluza es tres veces mayor que la del conjunto del país, que se sitúa en el 12,5%, según Ipsos.

Los datos los dieron a conocer ayer los representantes de la tabacalera Altadis, la Unión de Consumidores de Andalucía y la Unión de Estanqueros de España, que firmaron un acuerdo para luchar contra el contrabando de tabaco y mostrar su preocupación por dos motivos principales: la falta de control sanitario de estos productos irregulares y la cantidad de impuestos que dejan de recaudarse.

Rocío Ingelmo, la directora de Asuntos Corporativos y Legales de la multinacional, explicó que el problema andaluz no consiste en la comercialización de tabaco adulterado -un fenómeno que considera poco frecuente y limitado a momentos puntuales-; sino que su preocupación se centra en la distribución irregular de productos fabricados de forma legal. "Muchas veces se decomisa tabaco hecho por nosotros, pero que se ha conservado o trasladado en las condiciones insuficientes", manifestó la directiva de Altadis. Ingelmo también se refirió al perjuicio que supone para las arcas andaluzas el descenso de las ventas legales, en la medida que el 58% del precio de una cajetilla corresponde a los impuestos especiales, que son gestionados por la administración autonómica donde se recaudan.

En el mismo sentido se pronunció Fernando Romero, presidente de la Asociación Provincial de Estanqueros de Sevilla y representante de la patronal nacional en la rueda de prensa. "En una cajetilla de 4 euros, 3,20 corresponden al impuesto especial y al IVA, que se destinan a pagar comedores sociales y otros servicios del estado del bienestar", señaló el empresario, que se quejó de la subida de los gravámenes impulsada por el Gobierno de Zapatero en diciembre de 2010: "Esperaba recaudar 780 millones de euros y se convirtió en una pérdida de 200 millones", apostilló. Rocío Ingelmo añadió una cifra a este hecho: por cada punto porcentual de venta ilegal a nivel nacional, estima que la Hacienda Pública deja de ingresar 100 millones de euros, por lo que la pérdida a nivel nacional puede superar los 1.000 millones.

El presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno, desgranó las distintas razones que la organización que lidera ha encontrado para el repunte en el consumo de tabaco ilegal: la necesidad económica provocada por la crisis, el aumento de los puntos de distribución clandestinos -como la venta callejera o por internet-, la mencionada subida impositiva y la gran tolerancia respecto al fenómeno.

"Hay que provocar un cambio de mentalidad en la población", declaró Moreno, que anunció la puesta en marcha de varias campañas informativas y un acuerdo con las autoridades comunitarias para que apoyen a las organizaciones que ayer convocaron la rueda de prensa. El presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía también se refirió a una futura reunión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes solicitó una mayor contundencia en el control de la venta y distribución.