Victorina Madrid Pisabarro, suegra del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, ha reconocido ante el juez que sacó 60.000 euros de cuentas bancarias una vez que se conoció su inclusión como intrusa en varias pólizas financiadas por la Junta, pero alegó que esas cuentas son de su marido y ella sólo figuraba como firma autorizada.

Victorina Madrid Pisabarro declaró como imputada el pasado jueves ante el juez Iván Escalera, que refuerza a la magistrada Mercedes Alaya. La suegra de Francisco Javier Guerrero realizó un primer reintegro de 15.000 euros y varios días después otro de 45.000 euros, lo que llevó a la juez Alaya a deducir testimonio contra ella por un delito de alzamiento de bienes.

La suegra del ex alto cargo de la Junta afirmó en su declaración que la titularidad de la cuenta en la que se realizaron los reintegros es de su marido, con el que tenía un régimen de separación de bienes. Según la imputada, ella sólo figuraba como personada autorizada en esa cuenta y fue su marido quien le pidió que sacara los 15.000 euros porque se encontraba enfermo. El segundo reintegro, según Victorina Madrid Pisabarro, fue realizado directamente por su esposo.

El abogado Fernando de Pablo, que representa a la suegra de Guerrero, insistió ayer en que la suegra de Guerrero no es titular de la cuenta, sólo una persona autorizada, y también en el régimen de separación de bienes de la pareja. El letrado explicó que el dinero procede la venta de un piso en el Norte y aseguró que va a aportar en el juzgado la separación de bienes de ambos cónyuges, por lo que Fernando de Pablo anunció que "lógicamente" solicitará el archivo de esta causa.

La retirada de los 60.000 euros de las cuentas en las que aparece la suegra de Guerrero se produjo cuando ya se había descubierto que Victorina Madrid Pisabarro figuraba como perceptora de algunas ayudas públicas y antes de que se procediera a acordar el embargo de sus bienes.

Esta imputada percibió dos pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, una el 22 de marzo de 2004 con la compañía Vitalicio, por la que recibió 119.699,98 euros, y otra de fecha 1 de diciembre de 2004 con la entidad Personal Life por la que recibió 79.176,87 euros. La suegra del ex alto cargo recibió en total 198.876,85 euros "por la sola razón de ser familiar del señor Guerrero", según el reproche que realizó la juez Mercedes Alaya a Francisco Javier Guerrero cuando prestó declaración en marzo pasado.

Victorina Madrid fue citada a declarar como imputada en el caso de los ERE el 23 de noviembre de 2001, pero en su comparecencia ante la instructora se acogió a su derecho constitucional a no declarar, como han hecho muchos de los intrusos y perceptores de las ayudas que han declarado hasta el momento.

Pese a su negativa a declarar, Alaya le impuso una fianza de responsabilidad civil de 258.539,91 euros, cantidad que se corresponde con las dos pólizas en las que fue incluida y que fueron financiadas por la Junta más el tercio legal correspondiente.