Andalucía

El sucesor de Márquez en Empleo irá a declarar el miércoles

  • Alaya llama al ex director general Daniel Alberto Rivera por la trama de los ERE falsos

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La juez Alaya, que investiga los ERE fraudulentos, tomará declaración como imputado este miércoles al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera. Se trata del sucesor al frente de este departamento de Juan Márquez, que días atrás quedó en libertad imputado por los delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos.

En una providencia, consultada por Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado a declarar el miércoles a Daniel Alberto Rivera y el próximo día 27 al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Además de Márquez, el viernes compareció ante la juez la ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, quien se acogió a su derecho a no declarar.

En un auto dictado el pasado mes de junio, la magistrada señaló que, tras el atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo, "comienzan a consolidarse las bases de la presente causa", precisando que, del atestado, "la parte verdaderamente novedosa es la referida a la época que se abre en la Consejería tras el cese de Guerrero, al que seguirían Márquez y Rivera". Respecto a Rivera, la magistrada realiza una ampliación de su imputación y dice que, "pese al conocimiento que tendría" por las explicaciones que le proporcionó Rofa acerca "de las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento específico, utilizó el mismo procedimiento de concesión de ayudas públicas a través de transferencias de financiación cuyo pago era materializado por esta vía por IDEA, si bien mediante un nuevo diseño jurídico". Así, cita la orden "dictada el 27 de abril de 2010 por el consejero de Empleo, Manuel Recio", con la que "se seguía con la misma ausencia en el trámite de concesión, la fiscalización previa del gasto y por supuesto el control del destino de las ayudas, además de la omisión del resto de los requisitos del exigente sistema de subvenciones". Esta orden "no había pasado el filtro del Consejo de Gobierno".

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