El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido llevar al banquillo a nueve personas, entre ellos los presuntos líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, por las adjudicaciones presuntamente irregulares que el Ayuntamiento de Jerez realizó a la red en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004.

El magistrado envió en junio pasado al Tribunal Supremo la investigación que llevaba a cabo sobre la ex alcaldesa de Jerez y ex senadora María José García Pelayo, que ha obtenido escaño en el Congreso en las últimas elecciones, por lo que seguirá siendo investigada en el alto tribunal y queda fuera de la decisión de la Audiencia Nacional.

El instructor ha dictado el auto de apertura de juicio oral de este procedimiento contra los dos líderes de la trama y dos de sus trabajadores, Isabel Jordán y Javier Nombela. Además, serán juzgadas las interventoras municipales María del Milagro Pérez y Milagros Abascal, el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) José Agüera, la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y el antiguo secretario del Ayuntamiento Manuel Báez.

La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y nueve meses de cárcel a Correa, Crespo, Jordán y Nombela por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil; y siete años de cárcel para Agüera, Báez, Pérez y Montenegro por los mismos delitos menos el último. Reclama, además, dos años de cárcel para Abascal por prevaricación y fraude a las administraciones. Pide también que todos ellos sean inhabilitados durante 12 años para ocupar cargo público.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 fija las fianzas que los acusados deberán depositar en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a las multas a las que pudieran ser condenados, que en el caso de Correa, Crespo, Isabel Jordán y José Javier Nombela son de 293.333 euros para cada uno.

Para el resto de procesados, José Agüera, Manuel Báez, Milagros Abascal y Lourdes Montenegro las fianzas son de 96.000 euros. El juez da además diez días a las partes para que presenten sus escritos de defensa y proposición de prueba frente a las acusaciones formuladas.

Por lo que se refiere a Pelayo, que comenzó siendo investigada por la Audiencia Nacional, tendrá que declarar en próximas fechas ante el Tribunal Supremo después de haber obtenido escaño en el Congreso de los Diputados en las elecciones celebradas el pasado 20 de diciembre. El alto tribunal abrió el pasado mes de septiembre causa en su contra a raíz de los contratos cerrados por el Consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros. Hay que tener en cuenta que Pelayo concurría como número dos del PP a la Cámara Baja por la provincia de Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.

El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuye a la ex alcaldesa la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello. El Supremo tiene aún que validar estas acusaciones.

El juez De la Mata dio por finalizada la investigación de esta pieza separada del caso Gürtel en un auto dictado el pasado noviembre tras constatar que los contratos se adjudicaron "sin concurso público" e incurrieron en "groseras ilegalidades".

En los razonamientos jurídicos del auto de apertura del juicio oral, el juez asegura que Correa, "aprovechándose de su amistad" con Isidro Cubero González, fallecido el 27 de octubre del pasado año, y quien a su vez estaba relacionado con cargos públicos del Ayuntamiento de Jerez, fue beneficiado con la adjudicación de tres contratos referidos a Fitur 2014. "Esta contratación se hizo de modo directo, vulnerando toda la normativa de contratación pública y sus principios de publicidad, concurrencia, igualdad, objetividad y transparencia". La contratación del stand de Fitur, por importe de 355.391 euros, se adjudicó directamente a tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio. Estas sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que se los adjudicara formalmente el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad.

El juez, que considera que los acusados cometieron un delito de prevaricación continuada, reincide en los argumentos que ya expuso en noviembre y subraya que los contratos y expedientes administrativos se elaboraron una vez finalizada la Feria de Turismo. De la Mata concluye que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para "dar apariencia de legalidad" a las actuaciones, mientras que el entonces director del IPDC, José Agüera, justificó "indebidamente" las memorias del organismo para acudir a un "procedimiento de urgencia" y la empleada Lourdes Montenegro intervino en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes.